Los efectivos retirados y pensionados de la Policía de la Provincia de Santa Cruz continúan visibilizando su reclamo salarial e institucional en Río Gallegos. En una reciente entrevista radial, el Suboficial Mayor retirado Varela brindó detalles sobre la permanencia del sector en la Caja de Previsión Social, donde buscan ser atendidos por el presidente del organismo, el gerente general o la vocal por los pasivos, Viviana Carabajal. Durante la cobertura en vivo, se registró además el ingreso al edificio de las tres juezas que recientemente pasaron a retiro de manera instantánea, una situación que generó asombro entre los presentes por la celeridad del trámite en comparación con sus demandas postergadas.

El núcleo del reclamo se centra en una resolución dictada en el año 2024, bajo la gestión de Marcial Cané y Emilse en el organismo previsional. Según explicaron los voceros del sector, dicha normativa impide que el personal retirado y pensionado perciba los nuevos ítems y aumentos incorporados a los haberes del personal en actividad, generando una brecha económica que vulnera la equivalencia de sus haberes.

Respecto de las negociaciones, recordaron que los reclamos impulsados desde la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria iniciaron en febrero solicitando un haber inicial de 3.800.000 pesos para el personal recién ingresado. Con el avance de las paritarias, el requerimiento se flexibilizó hasta alcanzar un piso de 2.200.000 pesos. No obstante, el Ejecutivo provincial interrumpió el diálogo imponiendo un esquema salarial por decreto que fijó el haber mínimo en 1.746.300 pesos para un agente, suma que recién llegaría a 1.800.000 pesos en el mes de diciembre, ubicando a los haberes por debajo de la línea de pobreza según los indicadores socioeconómicos actuales.

En cuanto a la permanencia de la protesta, los retirados recordaron que el pasado 8 de junio fueron desalojados de la calle Piedrabuena por orden de la jueza Yamila Bórquez, trasladando el acampe al sector del estacionamiento de la Jefatura de Policía. Ante la falta de respuestas por parte de los ministerios y la postura del propio jefe de Policía, quien manifestó no tener injerencia para resolver el conflicto, los manifestantes insisten en ser recibidos de manera directa por el Gobernador de la provincia. Asimismo, ratificaron que el personal en actividad se mantiene en estado de alerta, a la espera de soluciones concretas para todo el escalafón.