La aplicación del Decreto N.º 608 ha encendido todas las alarmas en el ámbito del Poder Judicial y el sistema previsional de la provincia. En una reciente entrevista concedida al programa La Otra Mirada (Radio Urbana), conducido por Alejandra Barría, Cristian Sánchez —vocal en representación de los trabajadores de la Caja de Previsión Social (CPS)— calificó como “arbitraria” y “selectiva” la jubilación de oficio impuesta a tres vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El conflicto se desencadenó luego de una sorpresiva sesión extraordinaria convocada el pasado viernes al mediodía. Según detalló Sánchez, la reunión fue informada con apenas una hora y media de anticipación bajo el pretexto de abordar temas pendientes. Sin embargo, al presentarse, se encontraron con un temario de 27 expedientes jubilatorios, entre los cuales figuraban los de las tres vocales del máximo tribunal provincial.

Un Decreto Bajo la Lupa Judicial
El eje del reclamo radica en los alcances del Decreto N.º 608, impulsado por el Poder Ejecutivo Provincial. Esta normativa establece que los agentes en condiciones de jubilarse cuentan con un plazo de 30 días tras ser notificados por su empleador para concretar el trámite, prorrogable a 180 días por razones de servicio. Vencido ese período, el decreto faculta a la Caja de Previsión Social a dar el cese de la actividad y liquidar el haber previsional de forma directa.

“Es la primera vez que se aplica esta medida de forma tan intempestiva y sobre magistradas del Tribunal Superior de Justicia. En la Nación no existen antecedentes de jueces de esa jerarquía jubilados bajo este tipo de mecanismos”, advirtió el vocal previsional durante el diálogo radial.

Frente a esta medida, la representación legal de los vocales, a cargo del abogado Matías Solano, interpuso acciones contencioso-administrativas y presentaciones ante la justicia. Asimismo, las magistradas afectadas se apersonaron en la sede de la CPS para presentar cartas documento e iniciar medidas de amparo, argumentando la inconstitucionalidad del decreto. Recordaron que, conforme al Artículo 128 de la Constitución Provincial, los magistrados gozan de intangibilidad y estabilidad en sus cargos, pudiendo ser removidos únicamente mediante un juicio político (Jury de Enjuiciamiento).

Alerta por el Futuro Previsional
Más allá de la situación de la cúpula judicial, Sánchez alertó sobre las consecuencias sistémicas que esta metodología podría acarrear para el organismo previsional:
Inestabilidad del Fondo Previsional: Retirar masivamente del sistema a trabajadores activos de altos aportes para pasarlos al sector pasivo genera un “desbalance grave” entre la recaudación y el pago de haberes.

Proceso Masivo y Selectivo: Denuncian que los 27 expedientes iniciales representan “los primeros de muchos que vendrán”, afectando tanto a dependientes de la capital provincial como del interior de Santa Cruz.

Estrategia Político-Legislativa: Para la vocalía de los trabajadores, la medida busca presionar sobre una eventual reforma de la Ley Previsional (Ley N.º 1782), un debate que ya había insinuado el Ejecutivo a comienzos del período legislativo junto con la Ley de Emergencia Económica.

Por el momento, los sectores sindicales y la representación de los jubilados (encabezada por la vocal Carabajal) continúan en estado de alerta, a la espera de que la Justicia resuelva la cuestión de fondo sobre la validez constitucional del decreto y detenga el cese obligatorio de las magistradas.