El frío penetra hasta los huesos en Río Gallegos, pero el humo de la leña encendida sigue elevándose día y noche frente a las ventanas de la Jefatura de Policía. Ya son 85 días ininterrumpidos de acampe. Allí, un grupo de policías retirados y pensionados de la provincia de Santa Cruz sostiene una vigilia que se ha transformado en un cruento test de resistencia política y humana. A pesar del cansancio acumulado, de la falta de diálogo institucional y de las secuelas físicas que deja la intemperie patagónica, la decisión colectiva se mantiene inamovible: no se levantará la carpa hasta que el Poder Ejecutivo escuche reclamos que consideran vitales.

El escenario de fondo es tenso y complejo. Horas antes, el gobernador Claudio Vidal difundió a través de sus redes sociales institucionales una actividad en la que hizo entrega de canes a la división de Fuerzas Especiales. Durante el acto, el mandatario pronunció un discurso de fuerte carga política, asegurando que “durante 30 años humillaron y le dieron la espalda a nuestras fuerzas de seguridad”. Sin embargo, para los efectivos en la calle, el contraste entre el discurso oficial y la realidad cotidiana resulta doloroso. Fabián Varela, vocero del sector de retirados, no duda en calificar la actitud gubernamental como un canal de diálogo distorsionado y parcial, diseñado para evitar el conflicto de fondo.

“El gobernador se reúne con personal en actividad de bajas jerarquías, efectivos con poca experiencia para dirigirse a una autoridad y con el temor lógico a expresar la realidad que se vive adentro. No dialoga con quienes llevaron adelante la lucha por un salario digno.

Según detallan desde la carpa de protesta, las apariciones públicas del Ejecutivo junto a la fuerza no reflejan el clima interno de las comisarías ni las necesidades estructurales de la policía santacruceña. A juicio de Varela, la entrega de pertrechos o insumos aislados —que incluyó en ocasiones anteriores la entrega de mobiliario en mal estado como estufas oxidadas o móviles insuficientes— roza el ensañamiento y la falta de respeto hacia la urgencia del personal. La canasta básica en la región ha escalado exponencialmente, y la demanda del sector para alcanzar un piso salarial de 2.200.000 pesos para el personal policial quedó sepultada tras la imposición de aumentos decretados de manera unilateral por el gobierno provincial, montos que consideran marcadamente insuficientes.

Denuncias y la sombra del año 2012
El conflicto no solo está instalado en la calle; se traslada con rigor a los pasillos administrativos y judiciales. La Jefatura de Policía ha iniciado acciones penales y administrativas contra al menos 60 efectivos que participaron en las medidas de fuerza en la localidad de El Calafate. Denuncias penales, traslados compulsivos de destino, inicio de sumarios disciplinarios y suspensiones directas son algunas de las represalias que el personal en actividad y sus representantes vienen sufriendo.

Un caso que encendió las alarmas dentro de la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria es la situación de la Comisario Lidia Mario, quien fue sancionada, sumariada y suspendida de sus funciones laborales tras expresar su postura en el reclamo. A ella se suman ataques mediáticos directos hacia referentes como el Comisario Kipildor y el delegado Cortés. Para los manifestantes, existe una estrategia gubernamental sistemática orientada a minar la representatividad y descabezar cualquier intento de organización colectiva.

Al hacer un paralelismo histórico con la medida de fuerza del año 2012 durante la gestión del exgobernador Daniel Peralta —donde sostuvieron 21 días de protesta que concluyeron con la creación por decreto del Consejo del Salario—, Varela remarca una diferencia sustancial en la vocación democrática de las autoridades: “En aquel momento el diálogo existió, fue duro pero el gobierno entendió que detrás de una lucha salarial no hay banderías políticas ni pretensiones partidarias. Hoy nos encontramos con un muro que nos acusa de extorsionadores y se niega a recibirnos”.
Además, advierten sobre el riesgo inminente de que el actual gobierno busque derogar o dejar sin efecto dicho decreto del Consejo del Salario, lo que privaría al trabajador policial de su único canal legal de negociación.

La exclusión en la Caja de Previsión Social
La situación financiera de los retirados y pensionados alcanzó un punto crítico. Tras el pago de suplementos complementarios concretado para diversos sectores de la administración pública provincial, la policía volvió a quedar excluida por segundo mes consecutivo. Esta discriminación motivó una concentración pacífica de los manifestantes en la sede central de la Caja de Previsión Social (CPS).

Tras horas de permanencia e incertidumbre, los referentes fueron recibidos por el presidente del organismo previsional y su equipo técnico. La reunión dejó al descubierto un dilema legal sobre la aplicación del denominado “ítem compensador”. La Caja argumenta dudas sobre su alcance técnico basándose en acuerdos salariales de 2024 que corresponden a la Ley 1782 (régimen general jubilatorio). Sin embargo, el sector de retirados sostiene enfáticamente que su sector se rige por una ley especial de seguridad que exige el estricto cumplimiento del principio de movilidad sobre cualquier incremento otorgado al personal activo.

Se espera que en los próximos días la Caja de Previsión Social brinde una respuesta formal tras consultar con el Ministerio de Seguridad y Economía. No obstante, el escepticismo entre los manifestantes es absoluto, dado que las notas enviadas al Poder Ejecutivo nunca han sido contestadas.

“El señor gobernador no está viendo la parte humana. No somos un número, somos seres humanos. La salud de muchos de nuestros retirados y pensionados se ha agravado por el frío extremo y el humo que respiramos a diario para calefaccionarnos. No pedimos promesas, pedimos un diálogo con soluciones reales.”

A pesar del desalojo de la calle acontecido semanas atrás, del frío implacable de Río Gallegos y del deterioro progresivo de la salud de varios adultos mayores que permanecen en el lugar, la consigna en el acampe se mantiene inalterable. La protesta no tiene fines de desestabilización política ni busca réditos gremiales, sino la dignidad del haber de retiro de quienes dedicaron su vida al servicio de la seguridad pública. Mientras la respuesta oficial siga postergándose, la carpa seguirá en pie como un recordatorio mudo pero contundente en el corazón del poder santacruceño.