La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Gallegos, encabezada por Julia Chalub, se encuentra en el centro de un intenso debate sobre la gestión de las políticas públicas destinadas a la infancia en la provincia de Santa Cruz.

En una entrevista brindada al programa radial Hora 8 emitido por Radio Urbana, Chalub alzó la voz para denunciar el vaciamiento, la falta de fondos y el desconocimiento del sistema de protección integral por parte de ciertos sectores legislativos, tras publicaciones vertidas en redes sociales por la diputada provincial Fabiana Loreiro, quien había cuestionado la celeridad de las oficinas de protección y de los juzgados de familia.

Durante su paso por el aire radial, Chalub rechazó la postura de Loreiro, quien planteó la posibilidad de retirar la facultad de los organismos de niñez a los municipios para transferírsela directamente al Ministerio de Desarrollo Social provincial. Frente a esto, la funcionaria recordó que la provincia de Santa Cruz se adhiere a la Ley Nacional 26.061 mediante la Ley Provincial 3.062, un marco regulatorio que busca descentralizar la atención para territorializar la asistencia y garantizar que los niños, niñas y adolescentes sean abordados plenamente como sujetos de derecho.

La titular del área municipal argumentó en la emisora que el verdadero problema no reside en la competencia territorial de las comunas, sino en la ausencia y demora de la administración provincial en la transferencia de las partidas presupuestarias. Como caso testigo, remarcó las severas demoras en el financiamiento del programa Paina 2026 —diseñado para equiparar la prevención y contención en todas las localidades—, cuyos fondos se transfirieron con meses de retraso manteniendo cotizaciones desactualizadas fijadas a inicios de febrero.
Asimismo, a lo largo del intercambio periodístico se enfatizó que las dilaciones administrativas y la lentitud burocrática por parte de los organismos de control o del propio Estado constituyen una forma de violencia institucional por omisión.

En un contexto de crisis económica donde los recursos son escasos, se advirtió sobre la inacción legislativa para avanzar en la designación del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, una figura clave e independiente para auditar la aplicación de las políticas públicas.

Por último, Chalub contrapuso en Hora 8 la tarea diaria que realizan los equipos técnicos locales y las defensorías con la implementación de decisiones provinciales tomadas sin un diagnóstico claro, como la compra masiva de calzado escolar. Desde el área municipal concluyeron que la protección efectiva de las infancias requiere un compromiso financiero real, celeridad institucional y una articulación coordinada entre la provincia y los municipios para evitar que los programas de asistencia se conviertan en promesas vacías.