La tensión política e institucional escala en la provincia de Santa Cruz tras la conmoción generada por la denuncia del propio jefe de Gabinete provincial, Pedro Luxen, quien sostiene ser víctima de espionaje ilegal por parte de la fuerza policial. Ante este escenario, referentes de la oposición alzaron la voz para fijar postura y exigir explicaciones inmediatas al Poder Ejecutivo provincial.

En declaraciones radiales a Radio Urbana, el dirigente Gonzalo contrapuso la gravedad de los hechos con la falta de respuestas públicas oficiales. Según manifestó, la provincia atraviesa un paulatino corrimiento de los límites institucionales desde el pasado 10 de diciembre de 2023. A su juicio, el silencio gubernamental resulta alarmante, considerando que “nadie ha salido a explicar si es verdad que el jefe de Gabinete está siendo espiado con recursos del Estado”. Argumentó además que estas prácticas resultan inaceptables en democracia y son “propias de una dictadura”, advirtiendo sobre el riesgo de vulneración de garantías tanto para figuras de la gestión como para la ciudadanía en general.

Paralelamente, la controversia impactó de lleno en el ámbito legislativo. Desde el bloque opositor Unión por la Patria en la Cámara de Diputados se impulsaron iniciativas para interpelar al ministro de Seguridad, Pródromos, intento que fue frenado en la última sesión por la falta de un solo voto. No obstante, los legisladores opositores anticiparon que evaluarán la creación de comisiones investigadoras para citar a los funcionarios involucrados y esclarecer lo sucedido en el fuero político.

Por su parte, la postura del oficialismo se enfoca en desmarcar el conflicto de la disputa partidaria. A través de expresiones de la diputada Fabiana Loreiro, el bloque gubernamental señaló que los canales correspondientes son los de la Justicia, instancia ante la cual deben remitirse las actuaciones pertinentes. Loreiro cuestionó el abordaje de la oposición al considerar que busca “instalar un conflicto” y politizar la situación, asegurando que la respuesta institucional no es una conferencia de prensa sino el accionar de los tribunales.

El avance de la causa penal iniciada por Luxen y la eventual insistencia de los pedidos de informes en la Legislatura determinarán los próximos pasos de un conflicto que mantiene en vilo al escenario político santacruceño.