La representación legal de la familia del empresario argumentó que el imputado actuó con dolo directo, ejecutando a la víctima para apoderarse de sus bienes, realizar compras de lujo e intentar garantizar su impunidad.
En el tramo final de los alegatos en el juicio oral por el crimen de Nelson Ariel Romero, la querella solicitó al tribunal la pena de prisión perpetua para el único imputado, el militar José Daniel Cabrera. La acusación consideró plenamente acreditado que el acusado cometió un homicidio calificado criminis causae en concurso real con robo, figura prevista en el artículo 80 inciso 7° del Código Penal, al sostener que mató al empresario tecnológico para apoderarse de sus pertenecías, hacer uso de sus fondos y ocultar el delito para no ser descubierto.

Durante el cierre de su exposición, la representación de la familia Romero fundamentó la solicitud de la máxima pena prevista por el ordenamiento jurídico argentino al calificar la conducta de Cabrera como un accionar conducido con dolo directo, libre y consciente. Según remarcaron los querellantes, los informes psicológicos del Tribunal Superior de Justicia confirmaron que el acusado actuó de forma Racional, deliberada y organizada, descartando cualquier tipo de alteración en la conciencia o episodio disociativo antes, durante o después del hecho.

Para sostener el encuadre legal que exige la pena capital, la querella repasó el móvil económico que motivó el crimen. Se detalló que, inmediatamente posterior al disparo fatal dentro de la camioneta y mientras trasladaba el cadáver, Cabrera comenzó a despojar a la víctima de sus joyas —las cuales ofreció en venta al día siguiente a sus compañeros de guardia— y utilizó la cuenta de Mercado Pago y la tarjeta de crédito de Romero para comprar un teléfono celular de alta gama (iPhone 15 Pro) por un valor superior al millón y medio de pesos.

Asimismo, la querella enfatizó la conexión subjetiva entre el homicidio y la búsqueda de impunidad. La acusación expuso cómo el imputado paseó el cuerpo por distintos sectores de Río Gallegos, buscó una pala de camping en su domicilio y enterró los restos en el barrio Aires Argentinos, para luego ocultar el arma reglamentaria Bersa 9 mm y el celular de la víctima en una mochila que llevó a su puesto de servicio en el Regimiento de Infantería Mecanizado N° 24. Con el respaldo de las pericias biológicas, de geolocalización y los testimonios de los investigadores, la querella concluyó su alegato exigiendo que se aplique la sanción perpetua al considerar que se atentó de manera irreparable contra el bien jurídico supremo de la vida humana.