La extensa protesta de la familia policial de Santa Cruz sumó una nueva señal de alerta en las últimas horas tras conocerse la posibilidad concreta de que el Ejecutivo provincial traslade la reapertura de la mesa paritaria salarial —programada para el mes de octubre— hacia la zona norte de la provincia. La advertencia fue lanzada por Fabián Varela, referente de los policías retirados y pensionados, durante una entrevista brindada al programa La Otra Mirada, que se emite por la señal de Radio Urbana 94.1.

Durante el intercambio radial, Varela explicó que la cúpula policial y las autoridades de la cartera de Seguridad han comenzado a realizar rees selectivas en localidades norteñas, una maniobra que desde el sector pasivo interpretan como una estrategia directa para fragmentar la representatividad de los trabajadores de la fuerza, minar la cohesión con la zona sur y desgastar el acampe que se mantiene firme sobre la capital santacruceña.

La sola idea de alterar la sede de las paritarias genera un profundo rechazo entre los manifestantes. Según enfatizó el referente policial en los micrófonos de Radio Urbana 94.1, la discusión de los expedientes salariales registrados ante el Ministerio de Trabajo debe desarrollarse por norma histórica e institucional en la ciudad de Río Gallegos, sede central de la Jefatura de Policía. Mover la estructura de negociación a cientos de kilómetros no solo postergaría la urgencia de resolver haberes que continúan por debajo de la línea de la canasta básica, sino que implicaría además un gasto logístico irrisorio en medio de la crisis económica que atraviesa la administración pública.

A la par de esta denuncia sobre el probable cambio de escenario paritario, desde el sector pasivo ratificaron la continuidad por tiempo indeterminado de la carpa instalada frente a la sede policial capitalina.

Varela remarcó que, pese al cansancio acumulado, la falta de apertura al diálogo por parte del Gobierno provincial y la quita de la movilidad jubilatoria dispuesta por la Caja de Previsión Social, los retirados agotaron las instancias administrativas y avanzarán en la vía contencioso-administrativa ante la Justicia, apoyando en paralelo las iniciativas legislativas que busquen derogar las resoluciones que achatan los ingresos de los jubilados.