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Miércoles, 11 de noviembre de 2026
Cómo se gestó la causa por narco y lavado en Santa Cruz
La instrucción del expediente estuvo a cargo de la Fiscalía Federal y la PROCELAC. En el territorio, la labor operativa no respondió a una sola jurisdicción, sino a un despliegue coordinado entre la Policía de Santa Cruz, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.
Tras el impacto de los más de veinte allanamientos ejecutados en Río Gallegos, El Calafate, zonas rurales y Buenos Aires, las actuaciones procesales aclaran el origen y la conducción del expediente que investiga el transporte de cocaína en camiones y maniobras de lavado de activos vinculadas al entorno de Lázaro Báez.

La causa no perteneció ni estuvo conducida por el área de Seguridad de la provincia, sino que fue concebida, instruida y dirigida desde el fuero federal. El entramado investigativo estuvo a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos —encabezada por el fiscal Julio Zárate— en labor conjunta con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), dirigida por Diego Velasco, bajo las órdenes del juez federal de garantías Claudio Marcelo Vázquez.

En el plano operativo de las irrupciones tácticas y procedimientos de campo, las directivas judiciales tampoco se restringieron a una sola fuerza. El masivo despliegue requirió un trabajo articulado en conjunto entre el personal de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, la Gendarmería Nacional Argentina y la Prefectura Naval Argentina.

De este modo, las actuaciones que constan en el expediente confirman que se trata de un caso de inteligencia judicial de escala federal que combinó el esfuerzo coordinado de distintas fuerzas de seguridad.
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