En los papeles de los tribunales federales, la inmensa fortuna inmobiliaria, empresaria y agropecuaria de Lázaro Báez figuraba inmovilizada, cautelada o directamente transferida al patrimonio del máximo tribunal del país tras sus sucesivas condenas por corrupción. En la realidad cotidiana de la Patagonia, sin embargo, las tranqueras de las estancias seguían abriéndose, los alquileres se cobraban rigurosamente y el circuito financiero paralelo operaba al margen de cualquier control judicial.
El engranaje no se cayó por una auditoría contable ni por una pesquisa tradicional en Comodoro Py, sino por el hilo invisible de las escuchas telefónicas en una causa por narcotráfico que terminó sacudiendo los cimientos políticos y judiciales de la provincia.
Durante dos maratónicas audiencias celebradas en Río Gallegos, el fiscal federal Julio Zárate y el auxiliar fiscal de la PROCELAC Jorge Rodríguez Ponte formalizaron la imputación contra dieciséis personas en dos expedientes conexos que operaban como las dos caras de una misma moneda. Por un lado, una asociación ilícita liderada por Báez desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza —donde purga una pena unificada de quince años de prisión— dedicada al lavado de activos agravado, la insolvencia fraudulenta y la defraudación por la cifra estimada de 390.880.000 pesos. Por el otro, una estructura narcocriminal acusada de traficar y comercializar unos sesenta kilos de cocaína en la capital santacruceña desde diciembre de 2025.
El puente subterráneo entre ambos universos delictivos tenía nombre, apellido y alias en el expediente: Cristian Sebastián Ibáñez, conocido en el círculo íntimo como “Budín” o “el sobrino”. Para los investigadores, Ibáñez cumplía un rol de máxima dualidad operativa. Mientras se desempeñaba como el administrador territorial y operador de hecho de los intereses clandestinos de Báez, coordinaba el acopio y la distribución de estupefacientes en la región, reciclando los millonarios dividendos del narcotráfico a través de billeteras virtuales, testaferros y la adquisición de una flota de vehículos de alta gama. Era el nexo perfecto que permitía inyectar liquidez y mover bienes sustraídos a la ejecución penal.
La absoluta vigencia del poder de mando de Báez tras las rejas quedó plasmada en las intervenciones telefónicas sobre una línea oficial registrada a nombre del propio Servicio Penitenciario Federal. En esas conversaciones, los integrantes de la red lo mencionaban en clave como “Antonio” o “el Tío”, mientras que el empresario se jactaba ante los suyos autodenominándose “el dueño de la historia”.
Desafiando la inhabilitación absoluta que impone el artículo 12 del Código Penal a los condenados, dictaba órdenes taxativas sobre la administración de sus campos. “Decile ‘me dijo el Tío que ponga al que estuvo administrando La Entrerriana’, y el que está administrando La Entrerriana ponga a uno de su confianza para hacer los trabajos, y yo voy a supervisar los dos lados”, se le escucha ordenar en uno de los audios incorporados formalmente a la causa.
Esa supervisión remota permitía mantener productivos bienes que la Justicia creía bajo resguardo estatal, un entramado fiscalizado y documentado gracias al entrecruzamiento de información aportado por las fiscalías de juicio de Diego Luciani, Abel Córdoba y Diego Velasco.
El inventario de propiedades bajo explotación clandestina incluía las codiciadas estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike; las firmas Kank y Costilla S.A. y Austral Agro; contratos de locación con tres empresas; inmuebles sobre la costanera de El Calafate; dos galpones cuya venta o disposición se había pactado en la friolera de 250 millones de pesos; y cinco unidades funcionales del edificio Koonek que ya figuraban inscriptas a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La arquitectura íntima de la organización emergió con crudeza cuando la Prefectura Naval y los fiscales allanaron la celda de Báez en Ezeiza. Allí secuestraron una hoja manuscrita redactada de su puño y letra, coronada por un título elocuente: “EL CLAN”. Esa nómina detallaba la estructura ejecutiva y de confianza que operaba bajo su mando: su pareja, Insaurralde (señalada como “la Tía”); el propio Cristian Sebastián Ibáñez; un anillo de soporte logístico y titularidad interpuesta integrado por Fausto Ignacio Devetac —encargado de la custodia de llaves, la logística de estancias y el movimiento de bienes de Kank y Costilla— y su hermana Valentina Micaela Devetac, pareja de Ibáñez y titular de bienes y cuentas financieras.
El circuito económico se robustecía con un canal de justificación agropecuaria a cargo de Paula. G y su hijo Mauro. T, como intermediarios de blanqueo, la cobertura contable del contador Diego Ernesto Navarro, y piezas clave como Jorge Manuel Ulloa (estratificación financiera), Jorge Elías Agustín Agüero (enlace y verificación de bienes) y Oscar Raúl Núñez, encargado del relevamiento de campos y socio de Ibáñez en la comercialización irregular de ovejas y lana, quien arrastraba además un recordado antecedente judicial por haber sido liberado en su momento por el destituido exjuez Lerena.
El castillo de naipes se derrumbó con precisión cronométrica el lunes 9 de noviembre. Una alerta emitida por Aerolíneas Argentinas advirtió a los investigadores sobre el embarque inminente de tres piezas clave del entorno de Báez en un vuelo con destino a Buenos Aires cargado con cuatro valijas de gran porte. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, efectivos de la Prefectura interceptaron a Insaurralde, a Cristian Sebastián Ibáñez y a Valentina Devetac.
En el equipaje transportaban el archivo portátil de la conspiración: el pasaporte del propio Báez, un disco rígido externo, teléfonos celulares, media docena de tarjetas SIM, divisas en efectivo, tarjetas bancarias con sus claves de acceso anotadas y carpetas detalladas con rendiciones de cuentas y listados de proveedores.
El golpe aeroportuario detonó un dominó de dieciocho allanamientos simultáneos en Río Gallegos, El Calafate, estancias rurales y la propia celda del penal federal. En paralelo, la causa espejo permitió desbaratar la base de operaciones de la banda narco: un lavadero y lubricentro aportado por Ulloa que servía como centro logístico de recepción y acopio de la cocaína, operado por distribuidores locales y fondeado mediante transferencias fraccionadas entre allegados.
Al término de las audiencias de formalización, el juez federal de Garantías Claudio Marcelo Vázquez convalidó el requerimiento fiscal, decretó la legalidad de las detenciones y dictó la prisión preventiva para los principales eslabones de la trama —Lázaro Báez, Insaurralde, Cristian Sebastián Ibáñez, Fausto Devetac, Oscar Núñez, Jorge Ulloa, Jorge Agüero y J.B.—. Para el resto de los coimputados, como Valentina Devetac, Paula Godfrid, Mauro Trevisan Godfrid y el contador Navarro, dispuso estrictas medidas de coerción que incluyen reglas de conducta, prohibición de salida del país, presentaciones periódicas e interdicción absoluta de contacto.
Con el embargo preventivo sobre la flota de vehículos, el levantamiento ampliado del secreto bancario y un plazo de instrucción fijado en dos años, la Justicia federal expuso cómo, desde el fondo de una celda de máxima seguridad, "el Tío" intentó reconstruir, por las malas y al margen de la ley, los restos de su imperio económico.