La existencia de firmas adulteradas en la presentación efectuada por el partido que a nivel nacional orienta Mauricio Macri ya había sido informada por Diario Patagónico, oportunidad en la que Betina Grosman confirmó la existencia, de al menos 200, que ayer se elevaron a unas 600 de acuerdo a lo que la funcionaria informó en diálogo con LU20.
El dato sobre la cantidad de firmas adulteradas no es menor porque es una cantidad importante sobre el total de las presentadas, las 1.583 requeridas de acuerdo a la legislación existente que plantea ese mínimo en función del padrón electoral.
Grosman afirmó que “a simple vista surgieron que 600 ciudadanos que aparecían en el listado que presentó el PRO tenían alguna inconsistencia, lo elevamos al juez Hugo Sastre y éste dispuso de medidas probatorias” detalló.
“Nosotros revisamos todos los datos, es nuestra obligación, y el personal está lo suficientemente experimentado como para detectar de un rápido repaso si los datos son falsos o reales, luego todo salta de una simple entrevista”, recordó.

EN MADRYN NADIE FIRMO POR EL PRO

La secretaria electoral dijo que la situación fue “un poco traumática” porque, en el proceso de revisión, se citó a ciudadanos de Puerto Madryn, que aparecían como firmantes, quienes en entrevista realizada confirmaron que no habían dado su consentimiento y rúbrica para avalar la constitución del PRO.
“Les explicamos que no era nada grave en su contra, sino que teníamos que confirmar los datos, y así se hizo. En concreto, de los 30 vecinos de Madryn consultados, no había coincidencia alguna en la firma, ni el nombre de padre y de la madre. Tampoco conocían a quien, supuestamente, había certificado el trámite”, indicó.

ANTE LA JUSTICIA

Las adhesiones se cayeron al igual que el trámite y por lo tanto ahora el PRO debe hacer una nueva presentación, pero el Juzgado Electoral también informó de la situación a las autoridades nacionales del partido y al Juzgado Federal de Rawson que tendrá que evaluar ahora si se cometió un ilícito.
En anteriores declaraciones a Radio Del Mar, Grosman había advertido que la responsabilidad sobre la adulteración de firmas corre por dos ejes. En primera instancia, en lo que respecta al juzgado electoral, se tendrá que hacer una nueva y correcta presentación pero, a la par, los apoderados y el certificante del PRO de Chubut tendrá que dar explicaciones ante la Justicia.
En ese sentido, la secretaria denunció el tema, ante la presunción de la comisión de un delito, al fiscal federal, Fernando Gélves. (El Patagónico)