“En la misiva, la empresa falta a la verdad atribuyendo la decisión al Municipio y nunca advirtió que se retiraría sin cancelar sus importantes deudas salariales”.

Pego informó que la nota que la empresa hizo pública ingresó por mesa de entradas de Tránsito y Transporte el viernes 27 de junio cerca del mediodía, por lo que estuvo en su despacho el lunes 30 de junio, el día anterior en que la empresa afirmaba que abandonaba el servicio.

“La Ordenanza 2056-CM-10 establece que por un plazo de hasta 180 días el concesionario está obligado a continuar con la prestación del servicio hasta la puesta en funcionamiento de otra empresa, e incluso autoriza al Municipio a incautar el parque móvil para garantizar la prestación”, por lo que “de ninguna manera puede la empresa pretender que esa nota de último momento sea una notificación formal de retiro del servicio y, mucho menos, que ésta los exima de cancelar sus obligaciones salariales”

Asimismo, analizó que la nota presentada “atribuye al municipio la supuesta decisión del cese de la actividad desde el 1 de julio, cuando eso no ocurrió jamás”. Por último, evaluó que “no puede una prestadora de un servicio público retirarse de esta forma intempestiva, sin pagar los sueldos, colapsando el servicio, y endilgando al Gobierno esta decisión”. (ADN)