El diputado provincial Alberto Lozano, mediante el proyecto de resolución N° 047/19, SOLICITA al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Gobierno, informe de manera pormenorizada la situación del Servicio Penitenciario Provincial, especialmente en lo que hace a los controles de seguridad, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley N° 3.523 “Ley de Seguridad Pública”.-

La iniciativa plantea que mediante Ley N° 3.523 se estableció las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la Provincia de Santa Cruz en lo referente a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad.-

La normativa, crea el SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL, regulando su misión y dependencia (depende jerárquica y funcionalmente del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno) su estructura y designaciones, la junta asesora de egresos anticipados, el consejo correccional de los establecimientos penitenciarios, la organización del personal, sus misiones y atribuciones, entre otras. Fue constituido como Fuerza de Seguridad destinada a la custodia y guarda de los procesados, y a la ejecución de las sanciones penales privativas de la libertad, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigor.- Además, el Servicio Penitenciario dispone de fondos y recursos humanos destinados a satisfacer sus requerimientos funcionales y servicios auxiliares, conforme a la Ley de Presupuesto y tiene como misión la reinserción social de las personas condenadas a penas privativas de la libertad y su accionar está guiado por el fin de disminuir la reincidencia, desalentar la criminalidad y mejorar la seguridad pública.

En este sentido, Alberto Lozano sostuvo: “Es menester puntualizar que la normativa estableció como fecha de inicio de las actividades del servicio el día 29 de octubre de 2018, fecha que efectivamente comenzó a funcionar. Habiendo pasado 5 meses de su puesta en funcionamiento, debemos requerir un informe pormenorizado de la situación del sistema carcelario provincial, especialmente en lo que hace a los controles de seguridad, teniendo en cuenta que se han sucedidos dos hechos de extrema gravedad, tal es el caso de la fuga de dos internos hace una semana atrás. Este hecho no es el primero, el pasado 12 de enero se produjo la fuga de otro interno, lo que conlleva a cuestionar si efectivamente el Servicio Penitenciario Provincial, cuenta con las herramientas necesarias para poder cumplir y garantizar lo establecido por la norma que lo creó”.

Asimismo, agrego “entendemos, que para evitar y hacer frente a este tipo de situaciones, es necesario priorizar la asignación de recursos y, si estos son escasos, se deben buscar soluciones más rápidas y efectivas. Desde ya que las soluciones de fondo pasan por implementar acciones simultáneas de dos tipos: encarar políticas de Estado que, atendiendo a la complejidad de los temas involucrados, contribuyan efectivamente a disminuir el delito, y al mismo tiempo, construir las unidades que, hace ya mucho, están faltando para alojar, de manera segura y sana como establece el precepto constitucional, a la población carcelaria que ya desborda las instalaciones existentes”.

“Es indispensable reunir la información requerida a fin de poder promover e instrumentar medidas que permitan evitar que situaciones como estas puedan sucederse en el futuro y para ello es necesario que el gobierno provincial concrete todas aquellas acciones necesarias que permitan dar cumplimento a los fines estipulados en la norma” concluyó el diputado santacruceño.


Viernes, 29 de marzo de 2019