En el pasaje de la numeración vieja a la nueva se han detectado errores en el ámbito judicial.
El Digesto Jurídico, el sistema por el que se ordenan las leyes provinciales de Chubut, está en análisis. Es que en el pasaje de la numeración vieja a la nueva se han detectado errores en el ámbito judicial, incluso quedando casos pendientes por las dudas que generan esta inconsistencia entre el texto anterior y el nuevo.
Todo empezó en la Ley 4.942, que autoriza al Poder Judicial a constituir plazos fijos con los dineros que hayan permanecido inmovilizados en el Banco Chubut por más de dos años. Esa ley figura en el listado de normas con caducidad por objeto cumplido.
El Poder Judicial continuó con esta práctica, que viene de 2002. Es así que en 2013 el fiscal Luis María Oroquieta pidió el juicio político a los ministros de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia por esos plazos fijos. La pregunta es si los jueces estarían cuestionados por un error, una respuesta que deberían dar la Legislatura.
El problema mayor es cuando se trata de un juicio que involucra al Estado provincial, indicaron fuentes del Poder Judicial. Es por eso que se insiste en una revisión completa de las leyes y aplicar la fe de erratas cuando sea necesario.
El jueves último, el tema apareció en la Legislatura de Chubut. El debate giró en torno al costo del nuevo Digesto Jurídico y al caos que generó pese a que, justamente, este sistema perseguía ordenar las leyes chubutenses. Fueron dos millones de pesos que se gastaron en 2007.
El radicalismo, bloque que integran Roberto Risso y José Luis Lizurume, apuntó que el costo fue demasiado para el trabajo que se terminó haciendo. Los legisladores dicen que si hay dudas con una ley, se puede consultar la versión taquigráfica. Sin embargo, no sería una respuesta integral a errores como considerarlas caducas o una mala transcripción en el proceso de pasar de un sistema a otro.
La presentación del sistema fue en 2004. “Para combatir la inflación y la contaminación legislativa”, decía la presentación de profesionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se buscaba evitar problemas como la fragmentación de las normativas, las ambigüedades y redundancias y el desorden legislativo.
El 10 de noviembre de 2004 se firmó el convenio de asistencia técnica con la Facultad de Derecho de la UBA en la que se encomendó la tarea de consolidación normativa, que consistió en reunir en un cuerpo legar las leyes de Chubut y sus decretos reglamentarios de diferente carácter y obtener un como resultado un nuevo Digesto Jurídico.
Luego de este trabajo, las leyes ahora tienen una numeración compuesta por números romanos y arábigos. El número romano indica la categoría jurídica (hay veintiséis ramas) y el número arábigo el orden histórico de la sanción. Sin embargo, para todas las leyes antiguas, se les agrega entre paréntesis la numeración vieja. Por caso, la prohibición de la minería metalífera es la XVII 68, pero es más conocida como Ley 5.001. (El Patagonico)