La Sala Penal de la Cmara de Apelaciones de la Provincia confirm los procesamientos, sin prisin preventiva, de 34 docentes y camioneros que formaron parte del ataque y posterior toma de la Casa de Gobierno de la Provincia, el 23 de mayo de 2013, en medio de una protesta por reclamos salariales. El caso se encamina a un juicio oral y pblico.
Los camaristas Jorge Luis Jofr, Julin De Martino y Walter Tabarez Guerrero ratificaron de esta forma el pronunciamiento que haba dictado el juez de primera instancia Javier De Gamas Soler, el 5 de diciembre del ao pasado, en el que se enunciaron las primeras responsabilidades penales por los hechos donde resultaron heridos 19 policas y se produjeron todo tipo de destrozos al edificio gubernamental.
La resolucin de Cmara dictada el pasado mircoles 17, pero cuyo contenido trascendi ayer, aval las acusaciones contra los 17 integrantes del Sindicato nico de Trabajadores de la Educacin Fueguina (SUTEF) y 17 miembros del gremio de Camioneros, imputados de delitos como atentado y resistencia a la autoridad, lesiones graves y leves, y daos agravados, entre otros.
Inclusive el Tribunal de Alzada se inclin por algunas calificaciones ms graves que las determinadas por el juez De Gamas Soler, aunque no las modific porque no haban sido objeto de apelacin por parte de la Fiscala.
La lista de procesados incluye a varias autoridades sindicales, entre ellas, el secretario general del Sutef, Ral Amado Arce, y el secretario gremial de esa organizacin, Horacio Gustavo Catena, adems del secretario de Camioneros Daniel Esteban Capdevila.
Catena, incluso, est imputado por la agresin a una mujer polica durante un forcejeo ocurrido en el interior de la Casa de Gobierno, donde los docentes permanecieron durante una semana despus de haber vencido la custodia del edificio y de haber tomado el control total de las instalaciones.
La confirmacin del auto de procesamiento por parte de la Cmara implica que el caso se encamina hacia un juicio oral y pblico en que debern dirimirse las imputaciones penales prima facie adjudicadas a cada uno de los involucrados.
Sin embargo, aunque ya fue rechazada en una oportunidad anterior, la defensa puede volver a plantear la instancia de una Mediacin Judicial para evitar el juicio, sealaron ayer fuentes judiciales consultadas por este medio.
Acusaciones ms graves
El fallo de 68 pginas al que accedi EDFM separa las imputaciones que pesan sobre los atacantes identificados por videofilmaciones, quienes protagonizaron hechos de violencia frente al edificio gubernamental entre las 12 y las 13 del 23 de mayo del ao pasado.
En aquel momento, una manifestacin del Sutef con el apoyo de Camioneros enfrent a la custodia policial a golpes, patadas y arrojando todo tipo de elementos contundentes. Y como consecuencia de la refriega hubo 19 policas heridos: Marino Brazanovich, Ramn Cejas, Ricardo Romero, Hugo Anibal, Cristian Seniquel, Jonathan Dutr, Luis Pibernus, Elbis Sidorkevich, Leandro Prez Soriano, Diego Olmedo, Pablo Aquino, Ana Rodas, Jimena Miranda, Rodolfo Aguirre, Melina Perea, Marilin Tolaba, Mariana Snchez, Hctor Escalada y un sargento de la Comisara Tercera de Ushuaia.
Dutr y Prez Soriano llevaron la peor parte. El primero sufri un edema pre auricular derecha, limitacin de apertura bucal, contusin de codo y hombro derecho y contusin con excoriaciones en cara anterior del muslo izquierdo. El segundo traumatismo de crneo con prdida de conocimiento con posterior cefalea holocreaneana intensa.
Por eso es que los presuntos responsables de haber atacado a estos dos policas recibieron los reproches penales ms graves por parte de la Justicia.
Por ejemplo al docente Hctor Horacio Muoz se le imput haber agredido al sargento Alfonzo tomndolo de la cabeza y del brazo, golpendolo y empujndolo, haber agredido a otro polica que se acerc para ayudar a Alfonzo, haber arrojado una escalera metlica contra varios efectivos policiales y haber sujetado y empujado al agente Dutr, hasta derribarlo, impidindole que se incorpore para facilitar la golpiza que, al mismo tiempo, le propinaban otros manifestantes. Segundos despus, Muoz le aplic al mismo agente una patada en la parte inferior de la cabeza, puede leerse en la resolucin judicial ahora ratificada por los camaristas.
Por esta agresin, Muoz fue acusado de lesiones graves, en concurso real con lesiones leves, y en concurso ideal con resistencia a la autoridad.
Y por este mismo hecho tambin fueron procesados Catena, el docente Alejandro Daniel Gmez, el camionero Vctor Hugo Zuiga Prez, el docente Gastn Hctor Luis Bentez, el camionero Ramn Martn Gimnez y el docente Juan Beltrn Ferreyra.
En tanto, por el ataque a Prez Soriano la Justicia proces al camionero Leonardo Alexis Ros, tambin como presunto responsable de lesiones graves y resistencia a la autoridad.
Segn el juez De Gamas, Ros lanz una tabla de proporciones considerables como si fuera una jabalina, directamente a la cabeza de Prez Soriano.
A Catena tambin lo acusan de haberle arrojado un trozo de madera al subcomisario Mariano Bronzovich, de pegarle patadas a otro uniformado, haber empujado un armario para violentar el ingreso a la Casa de Gobierno, haber golpeado junto a otros manifestantes a varios funcionarios policiales y amedrentar a los efectivos al grito de se prende todo fuego y a la concha de su madre, cinco minutos, ni ms ni menos.
Pero, adems, el referente del gremio de la Educacin fueguina est imputado de haber agredido a la mujer polica Irene Marin Levin, de mucha menor contextura fsica que l, ya en el interior del edificio gubernamental.
De acuerdo a testimonios y filmaciones, primero habra dicho en el sector cercano a la escalera que conduce al piso superior: Reventamos todo, no me importa nada. Vamos a cagar a palo a la polica, no me importa si es mujer. Y despus empuj fuertemente con ambas manos y todo el peso de su cuerpo a Levin, a la altura de su pecho, provocndole un fuerte dolor.
Filmaciones como prueba
La Cmara de Apelaciones dedic parte de su pronunciamiento a avalar la utilizacin de filmaciones como evidencia para el proceso judicial.
No est excluida la posibilidad de que la autoridad policial capte o registre, mediante imgenes flmicas o fotogrficas, el comportamiento de personas en espacios pblicos, en un contexto en que se sospeche razonablemente que se est por cometer o se est llevando a cabo una actividad presuntamente delictiva, sostiene la resolucin judicial repitiendo un antecedente del mismo organismo y refutando planteos efectuados por la defensa de los gremialistas.
En lnea, aclara que la labor policial no requera la previa existencia de una orden judicial por tratarse del correcto ejercicio de la facultad que la normativa procesal atribuye a los funcionarios de la polica en un contexto determinado. (Tiempo Fueguino)
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