Mientras el Gobernador Vidal celebraba la "transparencia" de la Caja de Servicios Sociales (CSS) por rendir cuentas, una investigación federal revela un vínculo millonario con la controvertida droguería Suizo Argentina S.A., investigada por presuntos sobornos en ANDIS. Santa Cruz aparece como la tercera mayor cliente, con más de $14 mil millones en facturación, destapando un riesgo reputacional y legal de enorme magnitud.

El reciente y entusiasta respaldo del gobernador Claudio Vidal a la gestión de la Caja de Servicios Sociales (CSS) parece haber chocado de frente con la cruda realidad que emana de los tribunales federales. Un informe del diario Clarín, convenientemente silenciado por los medios locales, coloca a Santa Cruz en el incómodo podio de los principales clientes de la droguería Suizo Argentina S.A., una firma que es objeto de una profunda investigación por presuntos sobornos y mecanismos ilícitos en contratos con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

¿De qué transparencia hablamos?

El Gobernador destacó como un "hecho inédito" que el titular de la CSS rindiera explicaciones en la Legislatura. Sin embargo, la verdadera prueba de la transparencia no reside en el gesto político de ir a dar un informe, sino en la pulcritud de las contrataciones que se realizan con el dinero de los 127.000 afiliados.

La investigación del fiscal Franco Picardi revela que la provincia, a través de la CSS, emitió 323 facturas a la droguería de los hermanos Kovalivker, por un monto que supera los $14.037 millones desde octubre de 2024. Este volumen de negocios nos convierte en el tercer mayor cliente de la empresa, solo superado por la ANDIS y el gigantesco Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La comparación es devastadora: Santa Cruz, con solo 14 hospitales bajo su órbita, le facturó a la droguería el 41% del monto que pagó la Provincia de Buenos Aires, que maneja un centenar de hospitales. Esta desproporción exige una explicación urgente: ¿Qué tipo de mecanismos de compra son necesarios para generar tal volumen de negocios con una sola firma, precisamente aquella que está bajo la lupa federal?

El riesgo de la réplica ilícita
La excusa oficial, según fuentes reportadas por el mismo medio, es que el sistema de la CSS se basa en seleccionar a la droguería de "menor precio, previo a la compra a una auditoría médica". Si esto es cierto, las autoridades de la Caja deben demostrar no solo que se eligió el precio más bajo, sino que desconocían que estaban concentrando compras de una magnitud astronómica en una empresa que ya era objeto de sospechas a nivel nacional. O, peor aún, que el presunto mecanismo ilícito bajo investigación en la ANDIS "no se haya replicado en otras provincias", tal como no descarta la Justicia.

El Gobierno de Santa Cruz no puede quedarse en un cómodo silencio mientras la Justicia Federal investiga a su principal proveedor de medicamentos. La deuda pendiente de $8.806 millones es una palanca que debería ser utilizada de inmediato para suspender pagos y exigir la máxima claridad en los contratos.

Si la actual administración busca dejar atrás los fantasmas de la corrupción y la falta de control que tanto criticó del "pasado", debe ser implacable. La verdadera transparencia se demuestra actuando con severidad ante la duda, no esperando a que sea la Justicia federal quien, en un futuro, "revele si hay irregularidades" en el corazón de nuestra obra social. Los afiliados y la provincia merecen saber hoy si sus fondos de salud han sido utilizados con responsabilidad o si, bajo el velo de la "gestión", se esconde otro capítulo de la desidia administrativa.

Viernes, 10 de octubre de 2025