El reciente y entusiasta respaldo del gobernador Claudio Vidal a la gestin de la Caja de Servicios Sociales (CSS) parece haber chocado de frente con la cruda realidad que emana de los tribunales federales. Un informe del diario Clarn, convenientemente silenciado por los medios locales, coloca a Santa Cruz en el incmodo podio de los principales clientes de la droguera Suizo Argentina S.A., una firma que es objeto de una profunda investigacin por presuntos sobornos y mecanismos ilcitos en contratos con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
De qu transparencia hablamos?
El Gobernador destac como un "hecho indito" que el titular de la CSS rindiera explicaciones en la Legislatura. Sin embargo, la verdadera prueba de la transparencia no reside en el gesto poltico de ir a dar un informe, sino en la pulcritud de las contrataciones que se realizan con el dinero de los 127.000 afiliados.
La investigacin del fiscal Franco Picardi revela que la provincia, a travs de la CSS, emiti 323 facturas a la droguera de los hermanos Kovalivker, por un monto que supera los $14.037 millones desde octubre de 2024. Este volumen de negocios nos convierte en el tercer mayor cliente de la empresa, solo superado por la ANDIS y el gigantesco Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La comparacin es devastadora: Santa Cruz, con solo 14 hospitales bajo su rbita, le factur a la droguera el 41% del monto que pag la Provincia de Buenos Aires, que maneja un centenar de hospitales. Esta desproporcin exige una explicacin urgente: Qu tipo de mecanismos de compra son necesarios para generar tal volumen de negocios con una sola firma, precisamente aquella que est bajo la lupa federal?
El riesgo de la rplica ilcita
La excusa oficial, segn fuentes reportadas por el mismo medio, es que el sistema de la CSS se basa en seleccionar a la droguera de "menor precio, previo a la compra a una auditora mdica". Si esto es cierto, las autoridades de la Caja deben demostrar no solo que se eligi el precio ms bajo, sino que desconocan que estaban concentrando compras de una magnitud astronmica en una empresa que ya era objeto de sospechas a nivel nacional. O, peor an, que el presunto mecanismo ilcito bajo investigacin en la ANDIS "no se haya replicado en otras provincias", tal como no descarta la Justicia.
El Gobierno de Santa Cruz no puede quedarse en un cmodo silencio mientras la Justicia Federal investiga a su principal proveedor de medicamentos. La deuda pendiente de $8.806 millones es una palanca que debera ser utilizada de inmediato para suspender pagos y exigir la mxima claridad en los contratos.
Si la actual administracin busca dejar atrs los fantasmas de la corrupcin y la falta de control que tanto critic del "pasado", debe ser implacable. La verdadera transparencia se demuestra actuando con severidad ante la duda, no esperando a que sea la Justicia federal quien, en un futuro, "revele si hay irregularidades" en el corazn de nuestra obra social. Los afiliados y la provincia merecen saber hoy si sus fondos de salud han sido utilizados con responsabilidad o si, bajo el velo de la "gestin", se esconde otro captulo de la desidia administrativa.
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