La crisis de seguridad en Caleta Olivia ha trascendido la esfera delictiva para convertirse en una bomba política. El Concejo Deliberante, con la firma de su presidente Facundo Belarde, dio luz verde al Proyecto 519/25, declarando la Emergencia en Seguridad Pública, una medida desesperada y sin precedentes.

El golpe institucional al Gobierno de Vidal
La histórica decisión del Concejo, que ahora pasa al intendente Pablo Carrizo (ambos del círculo político de Vidal), es un reconocimiento formal del colapso de las políticas de seguridad del Gobernador.

Los fundamentos del decreto habla, de incapacidad probada, ya que argumenta que el gobierno provincial "no ha tenido la convicción ni la capacidad" para dar seguridad, obligando a la ciudad a asumir la responsabilidad directa. En cuanto a la emergencia se fundamenta en la necesidad de actuar contra la "escalada de robos, violencia, signos de odio y amenazas con uso de diferentes tipos de armas", y contra la propagación delictiva vinculada al "vicio, venta y consumo de drogas, exclusión social, desocupación y pobreza".

El hecho de que esta crisis se manifieste de esta forma en la ciudad natal del Ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, y donde el gobierno provincial tiene su mayor despliegue operativo, desnuda la fragilidad y el fracaso de la gestión de Vidal en una de sus promesas centrales.

Al declarar la emergencia por 180 días, Caleta Olivia se otorga la potestad de "agilizar los tiempos" y movilizar recursos, dando un mensaje claro: no se confía en la celeridad ni en la efectividad de la respuesta de la Casa de Gobierno en Río Gallegos. Es la Municipalidad la que ahora intenta controlar un tema que le compete directamente a la Provincia, marcando un quiebre en la relación política y operativa.