El malestar por la situación salarial en la Policía de Santa Cruz ha generado un escenario de representación paralela que pone en jaque a la conducción oficial de la fuerza. En una jornada marcada por la movilización de las bases, los referentes Ramón Quipildor y Mario Monsalvo lograron aglutinar el descontento de decenas de efectivos para exigir un diálogo sin intermediarios con el Poder Ejecutivo.

El impulso de las bases
Tras una reunión que congregó a más de 60 efectivos, tanto en actividad como retirados, Quipildor y Monsalvo formalizaron la entrega de un petitorio dirigido exclusivamente al Gobernador de la provincia. Los puntos centrales del documento son:

Reapertura inmediata de paritarias: Ante la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

Presencia de autoconvocados: Exigen que se les permita participar de la mesa de negociación, argumentando que la actual representación no refleja las necesidades de los efectivos.

Este movimiento surge del descontento del personal que, en muchos casos, no se siente identificado con las decisiones tomadas hasta ahora en los ámbitos formales de discusión.

La reacción de la Asociación: Un pedido "a las apuradas"
Lo que más llamó la atención de la jornada fue la respuesta de la actual comisión de la Asociación Policial. Según trascendió, los referentes de la entidad oficialista realizaron una presentación similar poco después del movimiento de Quipildor y Monsalvo.

Sin embargo, fuentes cercanas al conflicto aseguran que no se trató de una iniciativa genuina, sino de una reacción forzada ante el avance de los autoconvocados. La Asociación habría actuado "a las apuradas" para intentar recuperar terreno y no perder su lugar como interlocutora ante el Gobierno, luego de que las bases demostraran su capacidad de organización independiente.

Un escenario de tensión creciente
La entrega del petitorio por parte de Quipildor y Monsalvo ya había dejado en claro la postura de los efectivos: "El policía no se siente representado". Esta premisa se vio confirmada con el accionar posterior de la Asociación, que se vio obligada a seguir los pasos de los autoconvocados para evitar un vacío total de legitimidad.

Ahora, la pelota está en el terreno del Gobernador Claudio Vidal, quien deberá decidir si mantiene el canal de diálogo tradicional con la Asociación o si abre la puerta a los delegados elegidos por los efectivos en asamblea. El plazo de 72 horas planteado originalmente por las bases sigue corriendo, y el desenlace dependerá de si el Ejecutivo reconoce esta nueva realidad interna de la fuerza.