El manejo oficial del caso de abuso sexual en la Policía de El Calafate ha cruzado un límite peligroso: el de la negación de la realidad judicial. Cuando el ministro Pedro Prodromos aseguró hace dos semanas que "no había nada judicialmente" y tildó la denuncia de "escrache mediático", no solo cometió un error de información, sino que desprotegió institucionalmente a una víctima que ya había acudido a la ley.

Hoy, el Expediente N° 28899/25 emerge de las oficinas del Juzgado de El Calafate para desmentir la palabra oficial. No se trata de un descargo aislado en redes sociales; es una causa penal ratificada en noviembre, con pericias psicológicas realizadas en diciembre. El Ministerio decidió ignorar estos hechos frente a la sociedad, intentando cerrar con declaraciones lo que ya estaba abierto en la Justicia.

El espejo de Fernando Españón
Este escenario guarda una similitud con el caso del diputado Fernando Españón. Durante casi un año, el oficialismo intentó minimizar y blindar políticamente al legislador ante graves denuncias de abuso, hasta que el peso judicial hizo insostenible el relato. Hoy, con el comisario de El Calafate, el modus operandi se repite, descalificar a la víctima.

El mundo del revés
La asimetría del trato es alarmante. Mientras la denunciante vivió un calvario de sumarios "armados" con domicilios falsos para desgastarla, el Estado premiaba al denunciado con un ascenso de jerarquía.

Si bien la causa ya es una realidad en los despachos judiciales, será el Juez interviniente quien determine la veracidad de los hechos y la responsabilidad final del acusado. Sin embargo, lo que ya quedó expuesto ante la sociedad es la cuestionable gestión del Ministerio de Seguridad.
La justicia seguirá su curso técnico en el Juzgado, pero la responsabilidad política de haber negado la existencia de una causa judicial ya es un hecho consumado.