Tras una nueva jornada de intensas manifestaciones que incluyó una masiva "marcha del silencio" convocada por personal policial autoconvocado y del servicio penitenciario, los referentes del reclamo volvieron a marcar su postura. Ramón Quipildor, uno de los voceros que encabeza la medida de fuerza, fue contundente respecto a la delicada situación socioeconómica de los efectivos: “Queremos un aumento salarial digno y lo vamos a tener”, aseguró, advirtiendo que la realidad de muchos agentes es alarmante, al punto de que algunos ya no pueden garantizar un plato de comida para sus familias o sufren el retiro de sus medidores de servicios básicos.

Sin embargo, desde el sector de los autoconvocados se preocuparon por llevar tranquilidad a la comunidad, aclarando que el conflicto salarial no implica desamparar a los ciudadanos. A pesar del "quite de colaboración" y las medidas de fuerza vigentes, se enfatizó que el personal de la fuerza actúa de inmediato ante cualquier urgencia.

Efectividad en medio de la crisis
Una clara muestra de que el servicio de emergencia sigue plenamente operativo ocurrió anoche en la capital provincial, inmediatamente después de desconcentrarse la marcha. Un grupo de oficiales y suboficiales que regresaba a sus respectivas dependencias detectó conductas sumamente sospechosas en la vía pública.

Al proceder a interceptar y demorar a los individuos para su identificación, uno de ellos logró darse a la fuga, mientras que el otro fue demorado en el lugar. Las actuaciones posteriores, que contaron con la intervención de la Comisaría Quinta y posteriormente de la Comisaría Sétima por jurisdicción y conexidad, permitieron establecer que los sospechosos estaban directamente vinculados con una causa por robo bajo investigación penal.

Este procedimiento demuestra que, más allá del acampe frente a la Jefatura de Policía y las demandas salariales insatisfechas, la vocación de servicio y el compromiso con la seguridad ciudadana se mantienen intactos ante hechos delictivos flagrantes o llamados de urgencia. Mientras esperan una convocatoria formal por parte del Poder Ejecutivo para destrabar el conflicto paritario, los uniformados dejan en claro que la seguridad de los vecinos de Río Gallegos no está en negociación.