Que la violencia de género ocupe los primeros planos del discurso oficial en materia de seguridad no es un dato menor en Santa Cruz, pero para quienes sostienen el litigio y el acompañamiento territorial a las víctimas, el reconocimiento resulta apenas el punto de partida. Tras las recientes declaraciones del ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, quien ubicó a la violencia hacia las mujeres entre las principales problemáticas del área a su cargo, la abogada Pamela Pérez cruzó la mirada institucional con la realidad cotidiana que se vive en las comisarías y los tribunales de la zona norte.

En una profunda conversación con el programa La Otra Mirada -Radio Urbana 94.1 FM-, la letrada combinó una dosis de ironía con un diagnóstico sombrío sobre el estado actual de los dispositivos de contención estatales.

"Bienvenido a lo que estamos militando hace décadas. Bienvenidas las autoridades a tomar conocimiento de un problema que es estructural, que no es solo de Santa Cruz, sino del país y del mundo entero", comenzó señalando Pérez. Sin embargo, la abogada remarcó que el reconocimiento de la problemática por parte del Poder Ejecutivo debe traducirse de inmediato en presupuesto y recursos concretos, ya que la violencia no se combate con diagnósticos, sino con decisiones políticas.

El vaciamiento de las políticas públicas y el impacto del programa Acompañar
Para Pérez, la paradoja central de la gestión pública actual radica en reconocer la gravedad del flagelo mientras, en forma paralela, se desarman las estructuras creadas para combatirlo. La abogada apuntó directamente contra la supresión de áreas clave y la interrupción de programas de asistencia económica que permitían a las mujeres romper el círculo del abuso.

"Hay mucho por hacer por parte del Estado, empezando por reponer las políticas públicas que nos han sacado. Recordemos que se ha eliminado el Ministerio de la Mujer en Santa Cruz y con ello un montón de planes que venían a dar una pequeña protección", argumentó.

Entre las herramientas perdidas, la letrada hizo especial hincapié en la parálisis del programa Acompañar, que otorgaba una ayuda económica equivalente a un salario mínimo vital y móvil para garantizar una salida habitacional y económica a quienes convivían con su agresor: "Muchas mujeres soportan violencia de género y tienen que vivir al lado de una persona que las violenta por una cuestión económica. Este plan les permitía tener algún tipo de independencia, y fue desmantelado. Tampoco es que te salva la vida, pero representa una ayuda indispensable para que las mamás que crían solas puedan salir adelante".

Pérez advirtió que este repliegue estatal se da en el peor momento posible, donde la crisis económica asfixia a las familias monoparentales, reduce el cumplimiento de las cuotas alimentarias y deja a las madres en una situación de extrema vulnerabilidad y dependencia.

La toma de denuncias: entre la minimización y la falta de equipos
Uno de los tramos más contundentes de la entrevista estuvo dedicado a la primera puerta de entrada que encuentra una víctima cuando decide romper el silencio: la Comisaría de la Mujer. Pérez enfatizó que, aunque existen protocolos de actuación, la respuesta policial sigue estando condicionada por prejuicios y por la falta de formación en perspectiva de género.

"Cuando una mujer va con un ojo marcado o una lesión visible, esa violencia sí tiene peso; pero cuando habla de una denuncia psicológica, de un hostigamiento o de violencia económica, esas denuncias terminan siendo minimizadas y no son tenidas en cuenta", denunció la letrada.

Frente a esto, reclamó la necesidad urgente de reincorporar equipos interdisciplinarios con profesionales de la salud mental dentro del sistema público, evitando que la atención psicológica quede relegada al sector privado, inalcanzable para la mayoría de las víctimas. "Nadie está de acuerdo con que una mujer muera, como ocurrió en el caso de Ada, pero recordemos que el femicidio es el último estadio; previo a eso hubo otras violencias que no fueron abordadas", remarcó.

Asimetría de poder, portación de armas y sesgos en la fuerza
Ante la consulta sobre los casos de violencia de género que involucran a efectivos de la propia fuerza policial como agresores, Pérez coincidió en la gravedad de la dinámica y asumió el compromiso de recabar datos estadísticos, advirtiendo sobre la enorme desigualdad que genera el uso de armas de fuego en el ámbito doméstico.

"Es cierto que existe una relación asimétrica de poder en una persona que tiene portación de arma a diferencia de cualquier ciudadano. Quien está con él se siente subordinada o con miedo sabiendo que tiene esa posibilidad", explicó la querellante, señalando que dentro de la institución policial persiste una mirada marcadamente patriarcal.

Para finalizar, la letrada hizo un llamado a erradicar el juzgamiento moral sobre las víctimas al momento de tomarles la declaración en las dependencias oficiales: "Cuando las mujeres van a la comisaría hay una mirada estigmatizante de cómo debe ser la buena víctima. Depende de cómo sea, cómo se vista o la reputación que tenga, se le cree o no. Eso es un mensaje pésimo que tenemos que erradicar: todas y cada una de las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia".