La falta histórica de un penal provincial específico para mujeres en Santa Cruz volvió a crujir con fuerza en las últimas horas, tras una seguidilla de procedimientos que derivaron en la detención de tres mujeres y dejaron al descubierto la severa crisis de infraestructura y recursos que atraviesa el sistema de seguridad regional. Con los únicos espacios habilitados en la provincia al límite de su capacidad —restringidos a celdas adaptadas en la Comisaría Tercera de Río Gallegos y en la Comisaría Cuarta de Caleta Olivia—, las autoridades provinciales debieron recurrir a una medida de contingencia que encendió inmediatas alarmas en los tribunales locales.

Entre las aprehendidas se encuentran dos mujeres imputadas en el marco de una causa por tráfico de drogas instruida tras un allanamiento en El Calafate, junto a una tercera procesada por un violento episodio de privación ilegítima de la libertad cometido contra su expareja. Ante la imposibilidad material de ubicarlas en las dependencias policiales destinadas habitualmente a la población penal femenina, se dispuso el alojamiento provisorio del grupo en las instalaciones de la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía Provincial, ubicada en la capital santacruceña.

La determinación generó preocupación entre los operadores judiciales debido a las características del predio. Al tratarse de un instituto destinado exclusivamente a la formación y capacitación académica del personal policial, la sede no cuenta con medidas de seguridad edilicias, cerramientos perimetrales reforzados ni rejas en sus ambientes, lo que expone un evidente riesgo operativo. En este contexto, la custodia y el resguardo de las detenidas quedó asignado a personal de la fuerza bajo esquemas de guardia especial, en un intento por suplir de manera humana la falta de arquitectura penitenciaria.

Sin embargo, el aspecto más alarmante de la coyuntura fue puesto de manifiesto por los propios jueces de la provincia. A través de comunicaciones oficiales dirigidas al Servicio Penitenciario Provincial y al Ministerio de Seguridad, los magistrados advirtieron que Santa Cruz no cuenta en la actualidad con stock disponible de tobilleras electrónicas.

Esta carencia paraliza de manera directa la posibilidad de otorgar prisiones domiciliarias o medidas de morigeración del encierro para imputadas que podrían transitar el proceso bajo control satelital, acorralando a la Justicia entre mantener alojamientos provisorios en lugares inadecuados o dejar a las procesadas sin el control estatal correspondiente.