El severo conflicto que mantienen los trabajadores policiales y penitenciarios de Santa Cruz sumó un capítulo de extrema gravedad institucional. Víctor Cortes, integrante de la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria Santacruceña (MUPP) —entidad reconocida por el Ministerio de Trabajo provincial—, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Turno de Río Gallegos para que se investiguen maniobras de amedrentamiento en el marco de las paritarias.

La presentación judicial apunta de manera directa contra el Jefe de la Policía de la Provincia, Comisario General Agüero, y el Subjefe, Comisario General Bordón, además de mencionar a otros funcionarios políticos. Cortes solicita que se determine si las conductas denunciadas configuran los delitos de intimidación, abuso de autoridad, amenazas, coacciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Un marco de alta tensión
Según consta en el escrito presentado este 16 de junio de 2026, los hechos se desencadenaron durante las rees del Consejo del Salario llevadas a cabo en los últimos días, en un contexto de fuerte retención de servicios por parte de los efectivos.

El denunciante relató que en la primera reunión paritaria, el pasado 10 de junio, se impidió el ingreso del consejero Ramón Quipildor y de un numeroso equipo de colaboradores técnicos que asistían a la Mesa con las propuestas salariales.

Además, afirmó que los delegados Sebastián Gogol, Eduardo De Lima y el propio Cortes fueron abordados individualmente por funcionarios del Ejecutivo —entre ellos los señores Pródomos y Aravena— y por el Jefe de Policía. En esa ocasión, Agüero habría cuestionado con insistencia la metodología de consulta a las bases y las críticas vertidas hacia su persona en las redes sociales.

La situación se habría agravado el 12 de junio, durante la segunda reunión presidida por el Ministro Jefe de Gabinete, Pedro Luxen. A pesar de haberse acordado informalmente el día anterior el ingreso de los asesores técnicos, las autoridades volvieron a prohibirles el acceso.

La denuncia por "causas federales"
El tramo más grave de la presentación judicial describe lo ocurrido dentro del recinto paritario. Cortes denunció que los delegados de la MUPP sufrieron una abierta intimidación por parte de las máximas autoridades policiales: Advertencias sobre causas judiciales: De acuerdo con la presentación, los comisarios generales Agüero y Bordón realizaron manifestaciones vinculadas a la supuesta existencia de tres causas federales abiertas y las presuntas "responsabilidades individuales" de los representantes paritarios.

Presión a delegados titulares
Señalaron directamente al delegado titular Sebastián Gogol como el "responsable de la medida de fuerza" que afecta a la provincia por el solo hecho de estar sentado en la mesa de negociación. Cuestionamientos administrativos: Al delegado De Lima se lo interrogó punitivamente sobre la existencia de autorizaciones administrativas para viajar a Río Gallegos a la reunión, a pesar de que el efectivo aclaró que contaba con el aval de sus superiores. "Nos sentimos observados, presionados e intimidados en el ejercicio de nuestras funciones representativas.

Resulta particularmente preocupante que dichas expresiones provinieran de las máximas autoridades policiales de la provincia, quienes poseen capacidad funcional y disciplinaria respecto de gran parte de los trabajadores representados", argumentó Cortes en el documento.

El referente gremial recalcó que, pese a la presencia de funcionarios políticos en el lugar con capacidad de decisión, ninguno intervino para frenar el hostigamiento ni para garantizar un ámbito libre de presiones. Incluso, las advertencias fueron comunicadas al propio Jefe de Gabinete, Pedro Luxen, en una reunión informal el 13 de junio, sin obtener respuestas.

Pedido de pruebas y reserva por represalias
El escrito fundamenta el reclamo en las garantías de los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional y en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre libertad sindical. Como medidas probatorias, Cortes solicitó a la Justicia que cite a declarar a los testigos y al equipo técnico, que se identifique a los funcionarios presentes y que se requieran de forma urgente las actas paritarias, grabaciones, filmaciones y registros de las cámaras de seguridad de los establecimientos donde se llevaron a cabo las rees.

Finalmente, ante el evidente poder vertical de los denunciados, el integrante de la MUPP solicitó expresamente al Ministerio Público Fiscal que se adopten medidas de protección para los denunciantes y testigos, con el fin de "evitar cualquier posible represalia administrativa, laboral o disciplinaria" dentro de la fuerza policial.