En respuesta a los graves incidentes registrados en la capital provincial, la Fiscalía de Estado de Santa Cruz formalizó una denuncia penal contra un grupo de personas, identificadas principalmente como personal policial en actividad y retiro, que protagonizaron una irrupción y el bloqueo de la Casa de Gobierno en el marco de reclamos salariales.

La presentación judicial fue efectuada por la Fiscal de Estado, la Abog. Mag. Natalia Linardi, con el patrocinio letrado del Dr. Emilio José Monzón. El escrito fue dirigido directamente al Fiscal de Instrucción en Turno, solicitando medidas urgentes ante lo que calificaron como una "gravedad institucional inusitada".

Bloqueo de accesos y restricción a funcionarios
De acuerdo con el documento, los hechos ocurrieron el 23 de junio de 2026 alrededor de las 11:00 hs. La denuncia describe que los manifestantes realizaron una "irrupción ilegítima en los jardines del edificio", procediendo a bloquear de manera arbitraria el portón principal de ingreso y egreso.

Esta acción no solo afectó el normal funcionamiento de la administración pública, sino que impidió de forma directa el desplazamiento de los vehículos oficiales, detallando de manera particular la obstrucción al rodado del Ministerio Secretaría General de la Gobernación.

"La conducta de los denunciados ha configurado una invasión ilegítima a un edificio que es centro de la administración del Estado, empleando fuerza e intimidación que altera el orden público", señala textualmente el escrito judicial.

Calificación legal y pruebas presentadas
La Fiscalía encuadró el accionar de los manifestantes bajo tres figuras del Código Penal Argentino:

Atentado contra la autoridad (Art. 237)
Violación de domicilio (Art. 150)
Coacción (Art. 149 bis)

Como sustento de la acusación, se aportó una nota formal de la Ministra Secretaría General, Lic. Soledad Boggio, actas de constatación notariales, enlaces de publicaciones periodísticas en redes sociales y un dispositivo de almacenamiento (pendrive) con filmaciones de los incidentes. Asimismo, se solicitó el secuestro inmediato de las cámaras de seguridad del edificio gubernamental para identificar a los autores y partícipes.

Pedido de intervención de Fuerzas Federales
Uno de los puntos más críticos de la presentación radica en la solicitud de una medida cautelar urgente. Ante la posibilidad de "omisión o ineficacia del organismo policial provincial" debido a la naturaleza de los manifestantes (miembros de la misma fuerza), la Fiscal de Estado requirió la intervención y despliegue de fuerzas de seguridad federales.

Esta medida busca resguardar la integridad física del personal civil, garantizar el normal desempeño de los funcionarios públicos y asegurar que no se impida el ejercicio de la gobernabilidad en la provincia. La Justicia deberá resolver en las próximas horas el alcance de las medidas solicitadas para normalizar la situación en el predio oficial.