La máxima política de la Roma antigua parece haberse instalado como el manual de estilo del Gobierno provincial. “Divide y reinarás”: la premisa resuena entre las distintas protestas sociales y gremiales que cruzan de punta a punta a Santa Cruz. Tras regresar a la provincia después de un mes de ausencia, el gobernador Claudio Vidal retomó la agenda pública con una postura inflexible: un esquema de respuestas basado en la ausencia de diálogo, el condicionamiento salarial y decisiones operativas que incrementan la fragmentación institucional y social.

El escenario más visible de la intransigencia oficial se consolida sobre la calle Piedra Buena. Frente a la Jefatura de Policía, un grupo de policías retirados y pensionados cumple este sábado 66 días de acampe ininterrumpido. A la intemperie y soportando el rigor del invierno patagónico, las familias de la fuerza continúan a la espera de un llamado del mandatario provincial que habilite una mesa de discusión sobre la situación salarial del sector.

En paralelo, la estrategia hacia las fuerzas de seguridad dio un giro estructural con la fragmentación de la institución policíaca. La reciente división operativa en dos dependencias diferenciadas —Zona Sur y Zona Norte— es leída por diversos sectores como una maniobra orientada a descentralizar los reclamos y atomizar el poder de representación de los efectivos, profundizando una grieta interna en el esquema de seguridad pública y afianzando la indisciplina.

La doctrina del “premio y castigo” en las aulas
El conflicto con la docencia provincial ha experimentado una escalada similar. Tras su retorno a la provincia, la respuesta del Ejecutivo a los reclamos paritarios del gremio docente se tradujo en una política directa de incentivos selectivos: premios para quienes no adhieren a las medidas de fuerza y castigos para quienes ejercen el derecho a huelga.

Mientras el discurso oficial apela a la “prioridad absoluta de que los chicos estén en las aulas” y califica los reclamos como “faltas de respeto que no se van a tolerar más”, la realidad de los establecimientos educativos muestra otra cara. La publicitada “reparación histórica” de la infraestructura escolar choca con la paralización de cerca de la mitad de los colegios de la provincia.

Las fallas graves en el suministro de gas, la falta de calefacción en pleno invierno y la postergación de obras básicas mantienen a miles de estudiantes en la incertidumbre. En varias instituciones, la falta de espacio y de condiciones mínimas ha obligado a implementar esquemas de rotación o sorteos de turnos para determinar qué días y en qué momentos los alumnos pueden presenciar clases.

Un esquema que tensiona la paz social
Entre el reclamo sin respuesta en las calles, la división estructural de la Policía y el deterioro de la educación pública, la gestión provincial ratifica un rumbo donde el consenso parece haber quedado al margen. La falta de canales formales de negociación y la profundización de las medidas disciplinarias proyectan un escenario de creciente conflictividad institucional, en una provincia donde la demanda de soluciones de fondo supera ampliamente a las respuestas coyunturales.