El relato oficialista suele ser el primer refugio de los gobiernos cuando la gestión de un conflicto se les escapa de las manos. Desde el inicio de la crisis policial en Santa Cruz, la narrativa del Ejecutivo ha intentado instalar una idea fija en la opinión pública: que el reclamo de los uniformados es "una cuestión política" y que el sector autoconvocado se niega sistemáticamente a dialogar. Sin embargo, cuando se contrastan los discursos con los hechos, la pregunta cae por su propio peso: ¿Quién es el que verdaderamente cierra las puertas al diálogo?

Las pruebas de buena fe y los gestos de distensión no salieron de los despachos ministeriales; salieron de las bases policiales. Para abrir canales limpios de negociación, el sector en protesta realizó movimientos contundentes que desarmaron cualquier acusación de intransigencia:

Desmovilización en los puntos críticos: Como muestra genuina de buena fe, los efectivos levantaron las carpas que mantenían en el patio de la Casa de Gobierno y retiraron el acampe frente a la Residencia Oficial. Gestos de pacificación que buscaban liberar al Ejecutivo de la presión visual para sentarse a una mesa limpia.

El corrimiento de los referentes: Cuando desde el Ministerio de Seguridad objetaron la presencia del referente Quipildor en las mesas de negociación bajo la excusa de que "politizaba" el reclamo, el propio vocero aceptó dar un paso al costado. La prioridad era el bienestar de la fuerza, no los protagonismos.

De las 15 ofertas insuficientes a la ilegalidad de un decreto sin firma
La respuesta del Gobierno provincial ante estos gestos de madurez institucional estuvo lejos de estar a la altura. El Ejecutivo se jacta públicamente de haber presentado 15 propuestas paritarias, pero omite deliberadamente el contenido de las mismas: un desfile de ofertas insuficientes plagadas de sumas en negro que no solo achataban la pirámide salarial, sino que precarizaban aún más el básico de los activos y destruían el haber de los pasivos.

A la insuficiencia del contenido se le sumó la desprolijidad —o la trampa— administrativa: ante el rechazo de las bases, el Ejecutivo intentó cerrar el conflicto imponiendo el aumento por decreto. Sin embargo, la maniobra quedó expuesta en toda su precariedad al confirmarse que el instrumento legal ni siquiera fue firmado, dejando la pauta salarial en un limbo jurídico que demuestra la improvisación con la que se maneja la seguridad de la provincia.

El doble discurso de la gestión y la traición de los sumarios
El golpe definitivo a la confianza mutua no fue solo económico o legal, sino moral. El compromiso oficial había sido explícito: no habría sumarios, persecuciones ni castigos para quienes visibilizaron el hambre de las familias policiales. Una promesa que duró lo que tarda en secarse la tinta de un acta. El Gobierno no tardó en activar los mecanismos disciplinarios, sumariando y persiguiendo a los efectivos que legítimamente reclamaban un sueldo digno.

¿Quién no quiere el diálogo, entonces? ¿El que levanta las carpas, aparta a sus referentes y se expone a cara descubierta, o el que ofrece salarios en negro, persigue por la espalda con sumarios y pretende gobernar con decretos fantasmas que no tienen ni la firma de sus funcionarios?

El conflicto en Río Gallegos sigue latiendo con fuerza, con tres efectivos esposados que recuerdan que la dignidad no se negocia con promesas vacías. Al final del día, la gestión del Ministerio de Seguridad vuelve a quedar expuesta: no es que la policía no quiera dialogar; es que el Gobierno ya no tiene palabra —ni firmas— para sostener un acuerdo.