En lo que ya se perfila como uno de los capítulos más tensos a nivel institucional en la provincia, un documento judicial clave firmado por la Fiscal de Estado, Abogada y Magistrada Natalia Linardi, ha dejado en evidencia la fragilidad de la seguridad interior y la sospecha latente de una ruptura en la cadena de mando de la Policía de la Provincia de Santa Cruz.

La presentación, revelada a través de la denuncia, exige una "MEDIDA CAUTELAR URGENTE" ante el bloque y riesgo inminente en un edificio de la Administración Pública. Sin embargo, el núcleo del documento trasciende el conflicto edilicio para internarse en una grave advertencia política y operativa: la incapacidad de la propia jefatura para comandar a sus tropas.

El texto provisto en el documento judicial no titubea al anticipar un escenario de extrema gravedad, subrayando con firmeza la hipótesis de que la cúpula policial haya perdido el principio de autoridad: "En caso de que la Jefatura de Policía informara la imposibilidad de garantizar dichas medidas o manifestara una situación de falta de control sobre el personal bajo su mando, solicito a V.S. que ordene de manera inmediata la colaboración del Ministerio de Seguridad de la Nación para la intervención de las Fuerzas Federales..."

Con esta formulación, la Fiscalía de Estado expone públicamente lo que hasta ahora eran rumores de pasillo: la desobediencia, la ineficacia o la abierta rebelión interna dentro de la fuerza provincial como causales para desplazarla de sus funciones.

Ofensiva judicial
El apartado "VII. PETITORIO" eleva la apuesta jurídica y traza una línea de acción irreversible para restablecer el orden democrático e institucional e intima a la Jefatura de Policía a actuar y, ante la menor señal de "omisión o ineficacia", se ordena el desembarco inmediato de las Fuerzas Federales con asiento en la jurisdicción para salvaguardar los intereses del Estado.

La gravedad institucional plasmada en el escrito es total. La Justicia se encuentra ahora ante la encrucijada de determinar si la Policía de Santa Cruz aún responde a sus mandos naturales o si el gobierno provincial se verá forzado a ceder el control de la seguridad pública a las fuerzas de la Nación.