La velocidad de la burocracia policial en Santa Cruz no se mide en días hábiles, se mide en conveniencias políticas. En las últimas horas, la Jefatura de Policía demostró una eficiencia quirúrgica e inédita para confeccionar sumarios, enviar personal de civil a domicilios particulares y retirar armas reglamentarias a los referentes de las mesas paritarias. Sin embargo, esa llamativa rapidez colisiona de frente con una realidad que dentro de la fuerza todos conocen y callan por temor: la existencia de sumarios "VIP" que duermen el sueño de los justos en los cajones de la Jefatura.
El contraste es obsceno y expone de forma imponente la doble vara con la que se administra el castigo y la impunidad en la policía provincial. Mientras que para el efectivo que reclama de cara al sol por un sueldo que no tape la inflación hay persecución inmediata, existen agentes con graves faltas disciplinarias y pedidos de cesantía frenados hace más de dos años que, increíblemente, siguen percibiendo sus haberes de manera normal.
El escándalo de las cesantías congeladas: cobrar sin trabajar
La indignación en las comisarías y comandos de patrulla no solo radica en el "apriete" al oficial Carrasco y los equipos técnicos del salario; radica en la profunda injusticia que reina en las decisiones de la cúpula. Según fuentes internas de la fuerza, el sistema de Asuntos Internos funciona bajo un criterio estrictamente de "portación de apellido o amiguismo".
Efectivos "fantasma" en otras provincias: Mientras se persigue al personal que cumple funciones diariamente en la provincia, existen casos de policías que se encuentran residiendo en otros puntos del país, alejados de sus puestos de trabajo, arrastrando solicitudes de cesantía que jamás se resuelven.
Sueldos del Estado sin contraprestación: Al no dársele curso legal y definitivo a las bajas administrativas, estos efectivos continúan cobrando sus salarios de las arcas públicas del Estado santacruceño mes a mes, amparados por el cajoneo deliberado de sus expedientes.
¿De quién sos conocido?: La ecuación dentro de la institución se ha vuelto monótona. Si el infractor posee terminales políticas o llegada a la plana mayor, el expediente entra en un letargo indefinido. Si sos un efectivo de base que se sienta en una mesa de negociación salarial, el sumario sale en menos de 24 horas.
Un sistema disciplinario utilizado como arma política
La Jefatura ha desnaturalizado por completo el propósito de las actuaciones administrativas. Los sumarios ya no buscan garantizar el orden y la transparencia de la fuerza, sino que se han convertido en un garrote de disciplinamiento político.
¿Cómo explica la máxima autoridad policial que un efectivo con pedido de baja pueda gozar de dos años de sueldo gratis en otra provincia, mientras que a un paritario se lo notifica de civil en su casa frente a sus hijos y su abuela? La respuesta es tan corta como dolorosa: con algunos sí, y con otros no.
Las bases pierden el miedo
Esta arbitrariedad manifiesta lejos está de cumplir el objetivo de la cúpula, que era infundir temor y licuar la masividad de la protesta de cara a la paritaria de este miércoles. Lo único que logró la Jefatura con esta demostración de soberbia y doble estándar fue dinamitar su propia autoridad moral frente a los subalternos.
La dignidad de los trabajadores policiales no se va a doblegar ante un sistema de castigo selectivo. Los efectivos autoconvocados irán a la Mesa del Salario sabiendo que la verdad está de su lado, y que la "doble vara" de los de arriba solo demuestra una cosa: el miedo a una fuerza unida cambió de bando.