Un duro conflicto institucional y económico sacude a la provincia. La Federación Económica de Santa Cruz (F.E.S.C.), la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (C.C.I.A.R.G.) y la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines emitieron un contundente documento para responder a la solicitada oficial de la empresa pública Santa Cruz Puede S.A.U.. Las entidades privadas afirmaron que los propios argumentos de la firma estatal confirman que fue creada para disciplinar al comercio local, operando con recursos públicos y ventajas inalcanzables para cualquier emprendedor.

La controversia escaló tras revelarse que la firma estatal figura inscripta en el Sistema Integrado de Proveedores y Licitaciones (SiPLic). Aunque la empresa adujo no haber ganado licitaciones, las cámaras remarcaron que su sola postulación configura un grave conflicto de interés, ya que es el Estado intentando venderle al propio Estado. Además, cuestionaron que el 22 de abril de 2026 la SAU obtuviera la habilitación relámpago (registro N° 3186) en decenas de rubros diversos —como farmacia, carnicería, gomería y textil— mientras admite tener sus permisos “en trámite” y sin demostrar el cumplimiento de normativas estrictas como ANMAT o registros de frigoríficos.

Sobre la baja de precios del 30% celebrada por la empresa pública, las pymes
sostienen que no representa un logro sino la prueba del daño: consideran que forzar caídas de precios utilizando capital público, terrenos cedidos y empleados estatales busca doblegar al comercio privado. Este accionar choca con la Ley N° 3.996 de Emergencia Comercial, normativa promulgada por el propio Gobierno provincial para proteger a las empresas en crisis.

Asimismo, las cámaras denunciaron una marcada desigualdad en las exigencias. La SAU admitió operar con instalaciones como su comedor o el bodegón “Alma” aún en proceso de habilitación, algo que a un comerciante le significaría la clausura inmediata. A esto se suma el privilegio de saldar en 12 cuotas una deuda de $110 millones por el predio Ex Austral Construcciones, la utilización de pauta e infraestructura pública para su difusión, y la falta de emisión de comprobantes fiscales a consumidores finales en las ventas del predio.

El documento, firmado por Guillermo Polke (FESC), Leandro Fadul (CCIARG) y Ricardo López (Hoteleros), concluye advirtiendo que la SAU actúa como un “Estado paralelo” que compite deslealmente. Las entidades exigieron el cese inmediato de estas prácticas y reclamaron que el Estado provincial vuelva a garantizar reglas equitativas para la producción genuina.