La búsqueda de Mario “Pato” García, desaparecido en el mes de diciembre, sumó un nuevo capítulo marcado por la indignación y el reclamo de celeridad por parte de su entorno familiar. En diálogo exclusivo con el programa radial La Otra Mirada, Gisella Cruz, hermana de la víctima, repasó la situación de la causa a partir de la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de auditar los expedientes del Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia.

Durante la entrevista, Cruz detalló las deficiencias detectadas en la etapa inicial de la instrucción, a cargo del juez Pérez Soruco, el secretario Kevin Reartes y el fiscal Sedan. Según sostuvo, la labor judicial y de la Policía local careció de rigurosidad desde los primeros días: fue la propia familia la que, al revisar el expediente en la segunda semana, identificó el contacto del remisero que trasladó a García hacia el último punto donde fue visto, un dato que hasta ese momento no había sido investigado.

A pesar de que los últimos allanamientos concretados por Prefectura Naval Argentina no arrojaron resultados positivos, la familia diferenció el rol de las fuerzas federales y de la comisión especial enviada en su momento desde Río Gallegos del trabajo de la Comisaría Tercera de Caleta Olivia. En este sentido, Cruz exigió de forma directa al ministro de Seguridad de la provincia y a la jefatura de Policía la apertura de sumarios administrativos e investigaciones internas para determinar las responsabilidades por los errores u omisiones en el inicio de la causa.

Uno de los puntos más críticos expuestos en la entrevista se relaciona con la demora en peritajes clave. La hermana de la víctima denunció que desde hace meses aguardan que el juzgado remita el presupuesto necesario para autorizar el análisis de restos óseos hallados en la zona, los cuales deben ser trasladados a la ciudad de Buenos Aires para su estudio. La falta de este trámite administrativo ha impedido avanzar en la confirmación o descarte de dicho elemento de prueba.

Actualmente, las partes se encuentran a la espera de que el juzgado envíe los informes requeridos por el Tribunal Superior de Justicia en el plazo de cinco días fijado para la auditoría. Mientras las tareas de campo continúan bajo la órbita de Prefectura, la familia reiteró su pedido para que no se detengan los rastrillajes y se arbitren los medios necesarios para esclarecer el paradero de Mario García.