El caso —que conmociona a Caleta Olivia desde la desaparición de García en diciembre pasado— sumó definiciones contundentes durante una entrevista concedida por el abogado querellante Alberto Luciani en el programa radial La Otra Mirada. Sus declaraciones expusieron los rincones más oscuros de una causa atravesada por el secreto de sumario, el desmembramiento cadavérico y la sospecha firme de encubrimiento político-policial.

Hallazgo implantado y saña premeditada
La búsqueda que inició la familia tras la denuncia de su hermana tuvo un desenlace macabro entre febrero y marzo, cuando rastrillajes focalizados dieron con restos humanos que los cotejos genéticos confirmaron como pertenecientes a García. Sin embargo, para la querella, la escena donde aparecieron los restos no fue el lugar del crimen, sino el escenario de una maniobra posterior.

"Hay claros indicios en la causa de que el cuerpo estuvo en otro lugar, conservado, y después lo plantaron en el lugar donde se halló parte de él", aseveró el Dr. Luciani.

La mutilación del cuerpo destruye cualquier hipótesis de un hecho pasional o fortuito. La querella encuadra el accionar directamente dentro de la operatividad del crimen organizado:
"Pedimos el esclarecimiento de este brutal crimen mafioso, porque claramente tiene características de un crimen mafioso, con el descuartizamiento del cuerpo. Es un claro mensaje de la mafia".

Las razones de semejante ensañamiento apuntan a una represalia directa. Pocos días antes de ser tragado por la tierra, "Pato" García había apuntado públicamente contra resortes del poder local, denunciando la existencia de "zonas liberadas" en Caleta Olivia.

"Él denunció públicamente y eso tiene relación directa; nosotros sostenemos que eso fue uno de los motivos que desencadenó su trágico desenlace. No cualquiera puede hacer que se liberen determinadas zonas de una ciudad, eso implica tener influencia en algunos ámbitos políticos y policiales", sostuvo el letrado.

Comisión Investigadora
Uno de los puntos clave en el desarrollo de las pesquisas fue la intervención de una comisión investigadora especial. En su momento, la hermana de la víctima había manifestado públicamente su conformidad con el desempeño de este equipo de trabajo, destacando que su labor aportó la luz que la causa necesitaba en momentos de total estancamiento.

Consultado sobre este punto, Luciani ratificó plenamente esa postura familiar y explicó cómo esos aportes permitieron fundamentar la continuidad de las tareas a cargo de las fuerzas federales: "Nosotros entendemos que esa comisión brindó algunos elementos de importancia para poder hacer avanzar esta causa, así que coincidimos con ese análisis de la hermana de Pato García y con el análisis que también efectúa la abogada de ella, que es una defensora pública, Ximena Villares".

El letrado puso en valor el trabajo coordinado entre ambas representaciones legales para sostener la presión procesal sobre el juzgado e impedir que el expediente caiga en el olvido:
"Villares es una abogada que ha tenido una intervención muy activa en este caso, de mucha iniciativa procesal, así que para nosotros es de gran ayuda tener también otros colegas que puedan colaborar. En este caso, ella y la hermana de Pato García han estado empujando todo lo que pueden en esta causa".

El giro hacia Prefectura y la pista política
Frente al riesgo cierto de contaminación de pruebas y encubrimiento local, la justicia adoptó la medida de desplazar a la policía provincial e instruir las actuaciones operativas exclusivamente a la Prefectura Naval Argentina.

“Se decidió eso por una cuestión de prudencia, para apartar a las fuerzas provinciales porque hay algunos gabinetes que están interviniendo acá que son provinciales”, explicó Luciani, al tiempo que remarcó la trama de protección que rodea a los sospechosos: “Nosotros sostenemos que algunos sospechosos tienen relación con algunos dirigentes políticos y eso ha facilitado en alguna medida que esto quede impune”.

La presión ante el TSJ
El letargo judicial obligó a la querella a golpear la puerta de la máxima instancia provincial. La presentación formal de una de las hermanas de la víctima ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz forzó un pedido de informes al Juzgado de Recursos, logrando reactivar medidas que permanecían paralizadas.

“Una de las hermanas hizo un reclamo formal ante el Tribunal Superior para que esta causa pudiera tener otro vuelo procesal. Eso determinó que el Tribunal Superior emita un pedido de informe al Juzgado de Recursos, y a raíz de eso se empezó a activar nuevamente algunas cuestiones que las partes veníamos solicitando”.

Paralelamente, para romper el pacto de silencio que ampara a los ejecutores, se solicitó la renovación urgente del fondo de recompensa del Ministerio de Seguridad de la Nación: “Pedimos que se renueve el pedido de recompensa que otorga el Ministerio de Seguridad de la Nación. El programa establece una recompensa de 5 millones de pesos para aquellas personas que brinden información que permita el esclarecimiento, y además se le otorgan a esos testigos determinadas medidas de protección”.

Un precedente institucional devastador
Más allá de la demanda de justicia para la familia, el caso “Pato” García coloca a las instituciones de Santa Cruz frente a un espejo incómodo. Admitir que una red mafiosa pueda ejecutar, descuartizar y plantar un cuerpo sin consecuencias penales equivale a ceder la jurisdicción estatal al crimen organizado.

“Es muy importante desde el punto de vista político-criminal para toda la provincia, y no solamente para la familia de Pato García, que este caso no quede impune, porque sería sentar un peligroso precedente. Que una mafia mate a una persona, desmembre el cuerpo y todavía no tengamos imputados ni se haya resuelto la causa, es un lamentable precedente para toda la provincia de Santa Cruz”, concluyó Luciani.

La causa continúa bajo estricto secreto sumarial, pero la advertencia ya está hecha: el esclarecimiento de este homicidio determinará si en Santa Cruz impera el Estado de Derecho o la ley de la mafia.