Un grave episodio registrado en la Casa de Gobierno en Río Gallegos derivó en una denuncia judicial por amenazas interpuesta por el exfuncionario provincial Marcial Venancio Cané (71). El hecho ocurrió alrededor de las 18:15 horas en el edificio de la calle Alcorta al 231, durante la previa del acto electoral de los vocales para la Caja de Servicios Sociales, cuando Cané fue increpado por la pareja de la vocal por el sector pasivo, Viviana Carabajal.
Según la exposición policial, el denunciante sintió empujones por la espalda y, al pedir explicaciones, el agresor le espetó: “Yo soy el marido de Viviana Carabajal y donde quiera que estés te voy a partir la cabeza”. Acto seguido, el sujeto exigió a los efectivos de seguridad el desalojo de Cané alegando una restricción de acercamiento, lo que motivó que el ex titular del organismo decidiera retirarse del lugar por sus propios medios para evitar incidentes mayores.
El trasfondo de este tenso encuentro se remonta a 2024, durante la gestión de Cané al frente de la Caja de Previsión Social (CPS). En aquel período, la convivencia institucional se quebró cuando Carabajal intimó mediante carta documento al entonces presidente, denunciando que se le impedía realizar gestiones y trámites técnicos en favor de jubilados, pensionados y retirados, supeditando su labor a la autorización previa del titular de la caja o su gerencia.
Aquel reclamo por presunto cercenamiento de sus facultades legales derivó en un escalamiento del conflicto con acusaciones por violencia institucional y de género, que incluyeron el dictado de una medida cautelar de prohibición de acercamiento recíproca.
En su presentación formal, Cané ratificó que dicha restricción judicial ya se encuentra vencida y caduca, remarcando que desde aquel año no volvió a mantener contacto con Carabajal. No obstante, manifestó temor por su integridad física ante las intimidaciones verbales recibidas en el edificio de gobierno. La Policía provincial trabaja en la identificación del agresor en el marco de la causa caratulada preventivamente como "Denuncia judicial por amenazas".