En las sombras de la burocracia judicial de Santa Cruz, la familia de Jimena Extremador enfrenta una espera agonizing. Asesinada brutalmente en noviembre de 2023 en la localidad de Las Heras, el caso de la joven madre se encuentra plenamente elevado a la etapa previa al debate oral, pero la falta de fijación de la fecha del juicio mantiene la causa en un preocupante estancamiento.

La situación del expediente fue abordada detalladamente por el abogado querellante, el Dr. Alberto Luciani, durante una entrevista en el programa radial La Otra Mirada. Representante de la madre de la víctima —quien hoy está al cuidado de los tres hijos menores de edad de Jimena—, el letrado expuso las fallas del sistema judicial provincial y la urgencia de cerrar esta etapa del proceso.

Un crimen atroz que prevé prisión perpetua
El hecho que conmocionó a la comunidad de Las Heras tiene como único imputado a Nelson Saldivia. La calificación legal elegida por la fiscalía y sostenida por la querella no deja margen para penas menores.

"La causa de Jimena está caratulada como homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, y tendría una pena —en caso de ser condenado el imputado— de prisión perpetua", explicó Luciani durante la emisión.
Pese a la contundencia de las pruebas acumuladas y a la gravedad del delito imputado, la fijación del debate oral sigue postergándose de manera injustificada, generando dolor e incertidumbre en el seno familiar.

La burocracia judicial en la mira
Para la querella, el retraso en el inicio del juicio no responde a dificultades probatorias, sino a deficiencias en la gestión y a los tiempos aletargados con los que opera el fuero penal en la provincia.

"Estamos en la dulce espera de que pongan la fecha del juicio. Todavía no la han puesto pese a que hemos hecho públicos los reclamos. Solamente es lo que faltaría para que, en el marco de ese juicio, se defina la situación de responsabilidad penal de esa persona", señaló el abogado.

Luciani fue crítico al señalar el contraste entre la justicia de Santa Cruz y otras jurisdicciones, remarcando cómo las trabas administrativas afectan de forma directa a las víctimas: "Vemos por ahí, una vez más, problemas de la burocracia de la justicia, de una notificación de una cosa a la otra. Vemos que falta gestión, falta que la justicia de Santa Cruz funcione de una manera más ágil, como funciona en otros lados".

El pedido de una familia desamparada
Detrás de las demoras procesales hay una realidad social devastadora: tres niños pequeños que perdieron a su madre y una abuela que asumió la crianza en medio del dolor y la escasez de respuestas institucionales.
"Nosotros, como representantes de la madre de Jimena —que es la persona con la que se quedaron los tres hijos menores de edad a su cargo—, pedimos lo que pediría cualquier familia en este lamentable escenario: que se fije la fecha de juicio y se condene a las personas que se determine su responsabilidad. Es simplemente lo que está faltando", concluyó el letrado.

A casi tres años del crimen, la querella mantiene el reclamo público firme. La fijación de la fecha de debate oral para Nelson Saldivia es la única vía para garantizar que la memoria de Jimena Extremador encuentre respuesta en los estrados judiciales.