El Estado no solo administra recursos; también administra el valor que le otorga a la vida y al dolor de sus ciudadanos. En Santa Cruz, la reciente postal institucional es tan clara como violenta: la máxima autoridad del Ejecutivo provincial y el presidente del Tribunal Superior de Justicia sentados a la misma mesa, articulando recursos, cámaras de seguridad y despliegues policiales inmediatos para frenar el abigeato.

La propiedad privada y el sector productivo lograron, en cuestión de días, la respuesta estatal que miles de ciudadanos sueñan conseguir en toda una vida.

Sin embargo, a unos cientos de kilómetros, en Las Heras, el silencio del Poder Judicial retumba con una crueldad insoportable. Dos familias caminan solas el calvario de exigir justicia por dos femicidios. No tienen cámaras de vigilancia de última generación cuidando sus pruebas, ni fiscales atentos, ni la cúpula de la Justicia garantizando audiencias de urgencia.

Se encuentran, en cambio, con la trampa sistemática de la burocracia: fiscales que no investigan, jueces que instruyen mal las causas por incapacidad o desidia, y expedientes que juntan polvo en despachos donde el tiempo parece haberse detenido.

Nadie pretende relativizar el impacto del delito en el ámbito rural ni desmerecer los reclamos del campo. Lo que resulta ética y políticamente inaceptable es la asimetría en la urgencia pública. Cuando el robo de ganado convoca a la máxima magistratura de la provincia en clave de evento mediático, pero la liquidación impune de la vida de dos mujeres no logra mover la inercia de la Justicia local, el mensaje que proyecta el Estado es devastador: en esta provincia, la hacienda exige respuestas de Estado; las mujeres asesinadas solo consiguen expedientes mal instruidos.

Esta distorsión estructural revela una profunda falla en la concepción del servicio de justicia. ¿Qué clase de tutela judicial efectiva se ejerce cuando la impericia técnica de jueces y fiscales paraliza las causas de los crímenes más aberrantes de la sociedad? La mala instrucción de un expediente de femicidio no es un simple error formal de papelería; es la antesala de la impunidad, es la revictimización de las familias y es la garantía implícita para que la violencia siga ocurriendo.

Publicitar como un logro supremo de la gestión la puesta en marcha de un dispositivo provincial contra el abigeato mientras en Las Heras se desmorona la confianza en el sistema penal no es un acierto de agenda: es una muestra de insensibilidad institucional.

Las familias que hoy lloran a sus hijas no exigen favores políticos ni fotos oficiales; exigen fiscales competentes, jueces íntegros y un Estado que despierte: la vida de las mujeres no se negocia, no se archiva y no puede seguir esperando en el último renglón de las prioridades.