En un despliegue coordinado de escala inédita en la Región Patagónica, la Justicia Federal ordenó este comienzo de semana un megadespliegue de fuerzas de seguridad para poner al descubierto dos estructuras criminales interconectadas que operaban entre el frío austral y la Capital Federal.
La contundencia del operativo, que incluyó más de veinte allanamientos, requisas personales, la detención de sospechosos clave, el secuestro de rodados, inhibiciones patrimoniales y la apertura del secreto bancario y fiscal, dejó al desnudo un mecanismo sofisticado de tráfico de estupefacientes que se entrelaza de manera directa con maniobras de lavado de dinero de origen ilícito, bajo la sombra tutelar del detenido empresario Lázaro Báez.
La investigación, impulsada de manera conjunta por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos —dirigida por el fiscal Julio Zárate— y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal Diego Velasco, derivó en las firmes resoluciones dictadas por el juez federal de garantías Claudio Marcelo Vázquez.
Los procedimientos, que comenzaron el lunes 9 de noviembre y se extendieron durante la jornada del martes, hicieron crujir las calles de Río Gallegos y El Calafate, extendiéndose hasta extensas estancias de la provincia de Santa Cruz y diversos domicilios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este marco, la nómina de aprehendidos e imputados en la causa incluye a P. N. L., J. P. B., J. M. U., J. E. A. y P. P., entre otros de los arrestados tras las irrupciones tácticas.
La primera de las líneas investigativas reconstruye el derrotero de una banda narcotraficante que, al menos desde diciembre de 2025, venía introduciendo importantes remesas de cocaína en el sur del país.
El "modus operandi" detectado por los investigadores era implacable: la sustancia era transportada ocultándose en camiones de una firma de logística y transporte de carga pesada.
Una vez en suelo santacruceño, la posta quedaba a cargo de dos eslabones clave, entre ellos el encargado de un lavadero de autos que funcionaba como la pantalla perfecta para coordinar y ejecutar las entregas de la droga a la red de distribución local.
Sin embargo, el hallazgo más estremecedor del expediente surgió como un desprendimiento inevitable de este primer caso: los investigadores judiciales detectaron que uno de los presuntos cabecillas de la red narco local era, al mismo tiempo, una pieza central en la entramada red que administraba y ponía en circulación fondos ilícitos del entorno de Lázaro Báez.
Según la hipótesis fiscal, la organización liderada desde prisión por el empresario patagónico montó un esquema financiero clandestino para administrar, explotar y poner en circulación activos millonarios sustraéndolos de la ejecución de las duras condenas que pesan en su contra por delitos contra la administración pública.
Ante la gravedad del cuadro, el juez Vázquez ordenó un despliegue táctico conjunto integrado por personal de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional. Las fuerzas federales e irrupciones tácticas irrumpieron de manera simultánea en diversos inmuebles y establecimientos comerciales de la capital santacruceña.
Entre los puntos estratégicos abordados en Río Gallegos se destacaron el complejo donde funcionan el lavadero "Esperanza Trucks" y el lubricentro "Trucks" sobre la calle Spilimbergo, así como fincas y locales emplazados sobre las calles Junín, Onelli, José Ingenieros, Madame Curie, Santiago del Estero y La Paz.
Como resultado inmediato de la masiva ofensiva judicial y policial en todos estos objetivos, los uniformados lograron la detención de los sospechosos —entre ellos P. N. L., J. P. B., J. M. U., J. E. A. y P. P.—, además de incautar dosis de estupefacientes, abundante documentación de valor estratégico, teléfonos celulares, soportes digitales y una importante flota de vehículos vinculados a los imputados de ambas causas.
De manera paralela a los registros domiciliarios y las aprehensiones, las autoridades judiciales asestaron un golpe certero al músculo económico de la red criminal: se efectivizaron múltiples embargos preventivos, secuestros de automotores y el levantamiento irrestricto del secreto bancario y fiscal sobre todos los involucrados.
Las actuaciones continúan bajo estricto secreto de sumario mientras los peritos analizan los elementos secuestrados, en lo que promete ser uno de los expedientes judiciales por narcotráfico y lavado de activos más trascendentales de la historia reciente del sur argentino.