La reciente ofensiva coordinada del Gobierno de Santa Cruz contra el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha abierto un nuevo frente de conflicto en la provincia. Sin embargo, detrás de la dureza de los adjetivos —"sueldos de otro planeta", "burla" y "falta de respeto"—, emerge una realidad jurídica que el gobernador Claudio Vidal y su gabinete parecen ignorar deliberadamente: la vigencia de la "Ley de Enganche".

La retórica del "planeta" vs. la realidad del Boletín Oficial
Desde la ministra Secretaria General, Soledad Boggio, hasta el presidente de la Caja de Previsión Social, Pablo Pérez, el discurso oficial se ha centrado en el impacto moral y económico de los haberes judiciales. Boggio llegó a afirmar que los magistrados viven en "diferentes planetas", mientras que Vidal calificó el incremento como un "autoaumento discrecional".

No obstante, lo que el Ejecutivo presenta como una decisión arbitraria de los jueces es, en rigor, la aplicación de un mecanismo legal preexistente. Los salarios del Poder Judicial santacruceño están vinculados por ley a las actualizaciones de la Justicia Federal. Esta cláusula de enganche busca garantizar la autarquía judicial y evitar, precisamente, que los jueces queden supeditados a la voluntad política del gobernador de turno para discutir sus haberes.

¿Ignorancia o conveniencia institucional?
Resulta llamativo que los funcionarios de la actual gestión cuestionen la "discrecionalidad" de un aumento que es, técnicamente, automático. Al atacar el proceso como si fuera un capricho de la cúpula judicial, el Ejecutivo demuestra una de dos cosas: ?Un profundo desconocimiento de la estructura administrativa y legal que rige a uno de los tres poderes del Estado. O una estrategia política para erosionar la imagen pública de la Justicia y presionar sobre su independencia presupuestaria.

"A quien se le ocurre semejante incremento", se preguntó Boggio. La respuesta es simple: a la ley vigente. Si el Ejecutivo desea cambiar las reglas de juego, el camino es el debate legislativo y no el escrache mediático a través de las redes sociales del Gobernador.

El sistema previsional en el medio
Por su parte, el titular de la Caja de Previsión Social, Pablo Pérez, advirtió sobre el desfinanciamiento del sistema. Si bien la preocupación por la sustentabilidad es válida, omitió mencionar que el Poder Judicial realiza aportes proporcionales a esos salarios. El conflicto, nuevamente, parece radicar en una falta de coordinación que el propio Gobierno atribuye a la "falta de diálogo" de los jueces, cuando es el Ejecutivo quien desconoce las facultades autónomas del TSJ.

El peligro de deslegitimar las instituciones
Vidal ha movilizado a toda su estructura para señalar a la Justicia como una casta privilegiada. Sin embargo, al hacerlo desconociendo cómo funcionan los poderes y las leyes de enganche, corre el riesgo de debilitar la institucionalidad que juró proteger.

La "Justicia transparente" que reclama el gobernador también requiere de funcionarios que comprendan que los salarios judiciales no se fijan por "sentido común" mediático, sino por marcos legales que el propio Estado debe respetar.