La voz de la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA), a través de su presidente Amadeo Gravino, resuena como un grito de auxilio en el vasto silencio de la administración provincial. El reclamo es claro y directo: la Ley N° 3505 –el motor del "Compre Santa Cruz"–, que obliga a las grandes mineras a contratar y comprar localmente, no se está cumpliendo.

Y en este crucial debate sobre quién se queda con el valor de la enorme riqueza que se extrae del subsuelo santacruceño (cerca del 37% del PBP), la respuesta más preocupante no viene de las operadoras mineras, sino del propio Gobierno Provincial, encabezado por Claudio Vidal: un notorio silencio y una falta de apoyo explícito a la intención de fortalecer y fiscalizar este mecanismo clave de desarrollo.

La paradoja de la riqueza fugada
La minería es la principal fuente de ingresos de Santa Cruz, pero si los contratos, servicios y provisiones se dirigen a empresas de Buenos Aires, Córdoba o el extranjero, el resultado es una paradoja cruel: la provincia genera riqueza, pero exporta el empleo y el desarrollo.

CAPROMISA no pide subsidios ni privilegios; exige la simple aplicación de una ley vigente que busca activar un círculo virtuoso:

El dinero queda en Santa Cruz.

Las PyMEs crecen.

Se genera más empleo para santacruceños.

Aumenta la recaudación para el Estado.

Sin embargo, para que esta ley se respete, se necesita la voluntad política de la máxima autoridad.

El liderazgo que aún no aparece
El gobernador Claudio Vidal asumió con una plataforma que prometía poner los recursos naturales al servicio de los santacruceños. La Ley N° 3505 es precisamente la herramienta legal para cumplir esa promesa.

No obstante, en lugar de un respaldo enfático, lo que se percibe es una inercia peligrosa. La falta de una acción de fiscalización contundente, de un decreto reglamentario que endurezca las sanciones o de una mesa de diálogo que garantice los contratos a las PyMEs locales, solo facilita la evasión de la ley por parte de las mineras.

Cada día de inacción bajo la gestión de Vidal es un contrato que se pierde, un puesto de trabajo que se esfuma y una transferencia bancaria que saca el valor de la provincia. La falta de compromiso visible con el "Compre Santa Cruz" arroja dudas sobre la verdadera prioridad de la administración actual.

El desarrollo, como bien señala Gravino, no es automático. Requiere la decisión política de intervenir y asegurar que la riqueza de todos se quede en el territorio. Es hora de que el Gobierno Provincial, bajo la conducción de Claudio Vidal, abandone el silencio y se ponga al frente de la batalla por el futuro económico de Santa Cruz. De lo contrario, la gran minería seguirá siendo una máquina de exportar recursos y una fuente mínima de derrame para quienes viven aquí.